El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dispondrá desde el año que viene de un mecanismo especial para que los adjudicatarios del sector medio asalariado puedan construir una casa a gusto propio. Se aplicará en la operatoria de viviendas que financiará la ANSES y se canalizará a través de gremios o entidades civiles. En el IPV informaron que la cuota mínima será de 500 pesos por una casa base y el beneficiario podrá pagar un monto adicional si quiere introducirle mejoras. Es la primera vez que el sistema se aplica en esta gestión, ya que las operatorias que se venían implementando no permitían pagos extras y las viviendas eran todas iguales.

En el IPV dicen que cuentan con un cupo de 5.000 viviendas para esta operatoria y que están destinadas a las familias de clase media. Hay 1.300 que ya fueron destinadas a gremios y serán esas instituciones las que harán la selección de los adjudicatarios. Del resto, 1.700 son para entidades civiles que presenten proyectos con terreno y las otras 2.000 serán para grupos que se constituyan en cooperativas y que tengan un terreno. En los tres casos, los beneficiarios deberán ser núcleos familiares que estén anotados en el IPV y que cumplan con los requisitos que impone ese organismo (no tener casa al momento de la adjudicación y que la cuota no supere el 25 por ciento del ingreso familiar).

La operatoria tiene dos alternativas: armar un proyecto con casas uniformes, es decir el mismo nivel de terminaciones y con las mismas dimensiones, o hacerlo atendiendo a condiciones particulares de los adjudicatarios. La primera supone pagar una cuota de 500 pesos por una vivienda base y la segunda, que cada beneficiario abone un monto de dinero adicional por las mejoras en las terminaciones o las ampliaciones que le quiera introducir a la casa base.

Según explicó el ministro de Infraestructura, José Strada, el monto adicional se podrá pagar con un monto inicial y después en cuotas o hacerlo todo junto en cuotas mensuales. Y su aprobación dependerá siempre de la disponibilidad de pago del grupo familiar en función de sus ingresos.

La idea oficial es poner en marcha la construcción de estas viviendas el año próximo, a medida que sean aprobados los proyectos. Con el proyecto listo, el IPV ejecutará las viviendas y la ANSES pagará por los certificados de avance de obra, en el marco del plan kirchnerista de invertir parte de los recursos de las jubilaciones en infraestructura básica.

La decisión de atender preferentemente la demanda de la clase media implica un cambio sustancial en la política oficial, que hasta ahora se había orientado hacia los sectores de menos recursos. La mayoría de las casas que se construyeron con financiamiento estatal en esta gestión fueron para las miles de familias que vivían en las 55 villas que fueron erradicadas.

Los sectores medios tendrán chances, además, de acceder a otra operatoria que ya está en ejecución. Son 1.685 casas que el gobierno quiere terminar de construir antes de fin de año y que se repartirán a través de sorteos entre las más de 60 mil familias que están anotadas en el IPV esperando (ver "En agosto, los sorteos").