Todo ocurrió en Semana Santa y causó revuelo, aunque recién ayer salió a la luz. Según le dijeron a este diario fuentes calificadas, un camión de la Municipalidad de Iglesia que venía de regreso al departamento fue detenido por efectivos de Gendarmería en el control aduanero y cuando lo revisaron, le encontraron un rifle y artículos de electrónica comprados en Chile que no había declarado. Por el hecho, la Aduana abrió una investigación contra el chofer y una mujer involucrada. Pero en el municipio especulan que se podría disparar además una causa penal, para determinar si al utilizar una movilidad del Estado en una maniobra que nada tiene que ver con una misión oficial, se cometió el delito de peculado.
El camión era manejado por un chofer de apellido Olmos, al que todo conocen como "Carozo", dijeron las fuentes. Aparentemente, cuando los efectivos descubrieron la mercadería que llevaba oculta y que quería pasar ilegalmente, declaró que era de una mujer de apellido Pintos a la que se le quedó su movilidad y llamó al municipio para pedir ayuda.
Las fuentes aseguraron que el vehículo había pasado a Chile y que le secuestraron, al menos, varios televisores LCD que en el vecino país se consiguen mucho más barato. La compra termina siendo negocio si se pueden evadir los controles de la Aduana, para no tener que pagar los impuestos de importación.
En la Aduana argentina confirmaron el hecho, pero aclararon que el vehículo no salió del país porque no tenía patente. La versión que dieron es que una camioneta particular pasó la mercadería por el límite y después, antes de llegar al control, fue cargada en el camión apostando que al ser una movilidad oficial no iba a ser controlada.
La Aduana inició dos procedimientos: uno por infracción al régimen de equipaje contra la mujer que venía en la camioneta y otro por contrabando menor contra los dos involucrados. Todo se restringe al ámbito administrativo porque, según explicaron en el organismo, para que sea delito el contrabando debe superar los 100 mil pesos y en este caso, la mercadería equivale a menos.
De todas maneras, las fuentes dijeron que podría haberse configurado un supuesto peculado. Esto es, cuando se utiliza un bien del Estado en beneficio propio. De ahí que en el municipio decían ayer que el intendente o alguna autoridad municipal debería denunciar lo que pasó, para investigar si efectivamente hubo delito.
Por ahora, más allá de la declaración del chofer, nadie del municipio salió a explicar cómo es que una movilidad del municipio se usó para una misión que no era oficial. Y quedan flotando dos interrogantes: si se trata de la primera vez y si hay más personas vinculadas.