El juez Leopoldo Rago Gallo procesó a cinco expolicías más por delitos cometidos antes y durante la dictadura, y entre ellos está Marcelo Edgardo López, acusado de participar en los tormentos que sufrió José Luis Gioja cuando fue detenido.

Con esta resolución, ya suman 18 los imputados en la megacausa donde se investigan los abusos de la fuerza de seguridad en los años "70. En el proceso hay detenciones e indagatorias pendientes y es casi seguro que el número de 18 implicados continuará aumentando.

Junto a López fueron procesados Daniel Rolando Gómez, Eduardo Daniel Cardozo, Miguel Angel Megías y Miguel Angel Bergounián. Según fuentes judiciales, la mayoría de ellos era instructor de los sumarios que abría la fuerza contra los detenidos y el delito que se les imputa es tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, penado con 8 a 25 años de reclusión.

López también está en la mira por los tormentos a Alfredo Ernesto Rossi y José Carlos Tinto, aunque por ahora le dictaron falta de mérito (se lo seguirá investigando y si aparecen elementos que lo compliquen, puede ser procesado).

El actual gobernador quedó en manos de la dictadura el 30 de marzo de 1976, apenas unos días después del golpe. Había sido uno de los funcionarios más jóvenes de la gestión de Eloy Camus y tras renunciar como interventor del IPV, cuando se fue a despedir del personal del organismo, dos efectivos de la Policía lo detuvieron, para liberarlo recién el 3 de enero del año siguiente.

Los procesamientos de Gómez, Cardozo, Megías, Bergounián y López son con prisión preventiva, por lo que seguirán privados de su libertad. Además, por orden de Rago Gallo, enfrentan duros embargos: 300 mil pesos los tres primeros, 600 mil el cuarto y 1,2 millones el último.

Los 5 forman parte del lote de exuniformados involucrados en una de las causas más voluminosos que está en trámite en la Justicia Federal por los atrocidades cometidas en los años de plomo en San Juan.

El proceso comenzó con más de 80 expolicías en la mira, pero el número bajó a unos 45 cuando se depuró el listado y se comprobó que muchos de ellos ya han fallecido.

En la causa se esperan más detenciones. Fuentes judiciales habían adelantado que no seguían adelante con los arrestos porque antes querían resolver la situación de los detenidos.