El ex intendente de Rawson y actual diputado nacional, Mauricio Ibarra, fue indagado ayer por la Justicia Federal por el presunto delito de evasión de aportes y contribuciones. La causa que lo involucra se disparó en el año 2009 por una denuncia que le hizo el gremio municipal cuando todavía estaba al frente del departamento, en la que lo acusa de no pagar la carga jubilatoria correspondiente a unos 700 becarios que trabajaban en el municipio. El opositor negó la imputación, explicó que los trabajadores forman parte de un plan que no conlleva aportes y aseguró que en el resto de las comunas del país se usa el mismo mecanismo. El delito es excarcelable, por lo que no iría a prisión si es encontrado culpable.

Ibarra llegó minutos antes de la 9 al edificio que está en calle Entre Ríos y se fue unas dos horas después. Asistido por sus dos abogados defensores, Fernando Rahmé y Rolando Lozano, estuvo declarando en el juzgado que encabeza Leopoldo Rago Gallo.

La denuncia fue interpuesta por Pascual Manchineles, el ex titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), cuando el gremio realizaba protestas en las puertas del municipio por cuestiones salariales. Le endilga a Ibarra no haber depositado los aportes y contribuciones (no ha trascendido el monto) de los beneficiarios del Plan de Desarrollo Local (Del) y así, encubrir la relación laboral con los becarios. Son aproximadamente 700 y recibían una remuneración del municipio como parte de un programa para capacitarlos y ayudarlos a ingresar al mercado laboral.

En su defensa, Ibarra aclaró en primer término que las becas se instauraron en la gestión que lo precedió, es decir la de Zulma Ortiz. Además, señaló que es un programa que “no conlleva aportes”, porque está a tono con los que aplica el Ministerio de Trabajo de la Nación “para atender el problemas social de la desocupación”. “Los planes PEC, los pasantes, los Argentina Trabaja son todos iguales y en ninguno se pagan aportes”, aseguró el ex intendente, quien agregó: “para que haya delito debe haber algún ánimo de lucro y aquí nadie se benefició dejándose dinero”.

Por otra parte, sostuvo que en “la provincia hay pasantes, en Rawson siguen los becarios, en todos los municipios de la provincia y en los 2.400 del país hay becarios y no se hacen aportes”. Según el ex intendente, “aquí hay motivaciones políticas, porque soy el único denunciado y se aplica en todos lados”.

Ibarra nació en el PJ, pero en 2009 pegó el portazo por sus diferencias con la conducción y armó su propio partido. Ese año, en sociedad con el basualdismo, fue electo diputado nacional y para asumir, pidió licencia en el cargo de intendente y en su lugar asumió Gustavo Rojas, hombre de su riñón que en ese entonces presidía el Concejo Deliberante.

El delito que le imputan conlleva una pena que va de los 2 años y 8 meses a 8 años de prisión. Al ser la mínima menor a los 3 años, es excarcelable y si es condenado no tendría que cumplir el castigo en forma efectiva.

La denuncia del SUOEM es la segunda que enfrenta por estas horas la gestión ibarrista. La otra ingresó la semana pasada a la Justicia provincial y ya generó un fuerte cruce entre Ibarra y su principal rival político en el departamento, el actual intendente, Juan Carlos Gioja (ver aparte).