La gestión de Sergio Uñac empezó a moverse para buscar financiamiento para la construcción de la nueva y moderna cárcel que aliviará el saturado Penal de Chimbas. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, presentó el proyecto en la cartera nacional de Seguridad y ahora solicitó una audiencia con el titular de la cartera de Justicia del macrismo, Germán Garavano. Por su magnitud, se trata de una iniciativa costosa, ya que en junio de 2013 se hablaba de 400 millones de pesos y dicho valor debe ser actualizado. Por esa razón, en el Gobierno provincial tienen pensado arrancar por etapas para amortiguar el impacto económico. La expectativa oficial es licitar la primera fase en el transcurso de este año.

El Ejecutivo local está decidido a continuar con el plan que comenzó la administración giojista allá por 2012, cuando firmó un convenio con el Ministerio de Justicia que era comandado por el kirchnerismo. El proyecto fue aprobado por la Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria de la Nación y quedó el compromiso de financiamiento.

El interés en una nueva prisión se debe a que el Penal de Chimbas se encuentra desbordado de reclusos. En la actualidad hay unos 1.300 cuando la capacidad es de 700. Además, del total que se encuentra alojado, unos 450 son condenados y el resto son procesados. En este caso, el inconveniente radica en que estos últimos no tienen una sentencia firme y pueden recuperar la libertad, por lo que no es para nada aconsejable que tengan algún mínimo contacto con los que ya han sido declarados culpables y llevan años detenidos. Por eso, en principio, la nueva cárcel está planeada para albergar a los que ya han recibido una condena, mientras que la histórica prisión chimbera seguirá operativa (ver recuadro). Baistrocchi remarcó que el objetivo es ir dando solución a la cantidad de plazas.

La expectativa del funcionario local es reunirse a fin de este mes o a principios de febrero con Garavano para continuar con el expediente y ver las nuevas posibilidades de financiamiento, ya sea a través de créditos blandos con respaldo nacional o que parte de los recursos provengan de la administración macrista.

Para retomar el proyecto, el ministro de Gobierno explicó que tienen que buscar un lugar para ubicar la prisión, el cual tiene que contar con los servicios básicos (agua y luz, por ejemplo) y con la llegada de transporte público para que los familiares de los detenidos puedan visitarlos. Esas condiciones son esenciales para que a la construcción de la unidad penitenciaria no se le sume el costo de llevar los servicios. La edificación tiene un valor elevado debido a que toda la estructura debe soportar un sismo de intensidad destructiva, por lo que las columnas requieren de cadenas de hierros de 25 milímetros de diámetro y grandes bases de hormigón.

DIARIO DE CUYO accedió al proyecto, el cual contempla una capacidad de 620 plazas, con 45 mil m2 de superficie cubierta, con la posibilidad de crecimiento para 800 celdas. La prisión tendrá la última tecnología en seguridad y contará con escáneres en cada una de las unidades, cámaras de vigilancia, cierre electrónico de celdas, más una serie de espacios y talleres de laborterapia para que los internos realicen actividades de reinserción social (Ver infografía).