La vieja aspiración de poner a rodar en la provincia una Cámara Federal de Apelaciones recobró fuerzas en los últimos días. El diputado nacional Daniel Tomas, con el apoyo de sus pares sanjuaninos del oficialismo, presentó vez un proyecto de ley en el Congreso Nacional para crear la nueva estructura y permitir así que los recursos se sustancien aquí y no en Mendoza, como pasa hoy. En la práctica, sería un alivio y un ahorro para los justiciables y los abogados locales que deben viajar a la vecina provincia cada vez que piden la revisión de un fallo de primera instancia.
La idea de crear una Cámara Federal en San Juan viene desde hace tiempo. La estructura depende directamente de la Nación y tanto el Foro de Abogados como la administración giojista hicieron gestiones en la década pasada ante las autoridades del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, pero no encontraron respuesta afirmativa.
Fundamentalmente, por razones económicas para solventar la erogación que generaría su funcionamiento (ver Antecedentes).
Esta vez, por primera vez hay un proyecto de ley en ese sentido en la Cámara de Diputados de la Nación. A Tomas lo acompañan con la firma los otros legisladores sanjuaninos del Frente para la Victoria y algunos oficialistas de fuerte presencia en comisiones clave de la Cámara Baja, como Diana Conti y Mario Pais, presidentes de Asuntos Constitucionales y Justicia respectivamente.
Actualmente, la Justicia Federal con asiento en San Juan sólo cuenta con dos juzgados de primera instancia y un Tribunal Oral que se encarga de hacer los juicios de naturaleza Penal. No hay ningún organismo que se encargue de resolver las apelaciones de los fallos de primera instancia, por lo que los mismos son derivados a la Cámara Federal que hay en Mendoza.
Así las cosas, el trámite supone toda una complicación y un gasto extra para las personas que deciden ir a la segunda instancia por una causa que se tramita en la Justicia Federal. Además de seguir manteniendo dependencia funcional con la provincia del sur, los abogados tienen que viajar, asentar domicilio legal allá y buscar un colega mendocino que siga de cerca las novedades del proceso. Sin contar cierta la presunción de poco favoritismo cuando se trata de cuestiones que involucran intereses regionales.
Entre sus argumentos, Tomas dice que el 70 % de los juicios ordinarios se elevan a la segunda instancia. “Es un porcentaje alto que justifica el proyecto en cuestión”, asegura el legislador. Por otra parte, sostiene que se aliviaría la tarea de la Cámara Federal de Mendoza (atiende las apelaciones de los juzgados de esa misma provincia, de San Juan, de San Luis, de Villa Mercedes y de San Rafael), que hoy está atestada de trabajo y con causas demoradas.
La puesta en marcha de la Cámara está acompañada por una estructura paralela del Ministerio Público. Para atender las causas, el proyecto contempla crear dos cargos de fiscal y uno de defensor oficial.
La necesidad de un tercer juzgado Federal también tiene argumentos en los números. Entre los dos que existen hoy, llevan nada menos que 13 mil causas. Según la propuesta, el nuevo entendería en procesos civiles, comerciales, leyes especiales, tributarios y previsionales; y descomprimiría el colapso actual.