Toma. Un grupo de contratados se concentró en el edificio municipal debido a que el intendente no había cumplido la promesa de pagarles sus salarios adeudados. Al llegar la plata de regalías, los desembolsos comienzan mañana.


La administración de Iglesia se ha convertido en un verdadero agujero negro en el manejo de los recursos. Unos 100 contratados tomaron ayer el edificio municipal para pedir que la gestión del intendente bloquista Marcelo Marinero cumpliera con lo prometido: pagar los tres y cuatro meses adeudados a diferentes tandas de esos trabajadores. El secretario de Gobierno, Lucio Riveros, habló con los manifestantes e insólitamente cargó contra el Ministerio de Minería al señalar que "el único problema que hay es que no entran los fondos" de las regalías mineras, por "una cuestión administrativa ajena a nosotros". El ministro de la cartera, Alberto Hensel, explicó que cualquier gestión debe tener hechas las previsiones correspondientes y que una demora de apenas tres días no puede generar "semejante tensión social, lo que evidencia incumplimientos más antiguos". La provincia giró cerca de 72 millones de pesos de regalías, con los que la comuna pagará los salarios a partir de mañana y la semana que viene, lo que destrabó el conflicto. Ese monto debe sumarse a los 115.735.034 pesos que el departamento ha embolsado en lo que va del año. No obstante, la situación económica en el departamento es caótica, ya que no sólo existe deuda con los empleados sino también con proveedores de insumos y movilidades.

Riveros volvió a blanquear que en Iglesia se sirven de las regalías para pagarle a la sobredimensionada planta de personal, principalmente a los contratados. Según información oficial, el último informe del departamento reveló que tienen 66 personas en cargos políticos, 166 efectivos, 650 contratados y no dan cuenta de becarios ni pasantes. Pero el propio Marinero ha reconocido que tiene unas 1.500 personas bajo algún régimen de contrato. Como el número de ese tipo de trabajadores informado por el municipio no es preciso, si se descontaran de los 1.500 los 650 contratados y se tiene en cuenta el resto del personal, el total da 1.082. El departamento tiene 9.099 habitantes, lo que da una proporción de al menos un empleado municipal por cada ocho pobladores. Una cifra abismal, cuando desde los propios gremios habían señalado que la relación correcta es un trabajador por cada 50, 70 u 80 habitantes. 

De acuerdo a la ley de regalías, los recursos no podían ser utilizados para gastos corrientes (sueldos, por ejemplo), pero con un decreto de la gestión giojista se abrió la puerta para erogaciones "sociales" hasta un 20 por ciento de lo que reciba la comuna bajo dichos fondos mineros. Cada municipio es responsable de pagarles a sus empleados. A la segunda semana de junio, Iglesia había recibido casi 84 millones de pesos por coparticipación, aunque Riveros manifestó en Radio La Cumbre que dichos recursos están destinados al pago de la planta permanente y el staff político. Por eso, les resulta vital la plata de regalías "para cumplir con los empleados con los que tenemos los sueldos atrasados", resaltó. Además, les dijo a los contratados que el intendente había tenido reuniones para "que se destraben los recursos mineros", dado que tenían que llegar el lunes. "Es una cuestión de la provincia, no es nuestra. Cuando ingresen, automáticamente se paga", había indicado. Gimena Espejo, una de las contratadas, explicó que hay compañeros suyos a los que se les debe entre tres y cuatro meses y que también hay atrasos con proveedores. Por su parte, Hensel explicó que por la suba del dólar y de la onza de oro se tuvo que hacer un aumento de la partida y de la transferencia y que tal trámite demandó 72 horas. Por eso, remarcó que "la tensión social refleja un problema de arrastre".


Rebaja

50  Es el porcentaje de recorte que el intendente Marinero pretendía hacer en los contratos. Luego de una reunión con el personal, el jefe comunal dio marcha atrás.