El régimen salarial en los municipios de la provincia no está atado a ningún criterio particular sino que depende de los acuerdos políticos de las gestiones de turno. Pero el sistema, en la práctica, presenta distorsiones porque aún cuando algunos jefes comunales acuerdan sueldos más elevados, no se corresponden con los departamentos que tienen la mayor cantidad de habitantes y, por ende, que demandan mayor trabajo para el encargado de la administración. Justo antes de que se defina un alza en los sueldos de los estatales, incluidos los de los funcionarios políticos, un relevamiento realizado por DIARIO DE CUYO permitió detectar, por ejemplo, que entre las 10 comunas cuyo intendentes perciben los haberes más elevados, sólo 3 de ellos son del Gran San Juan y sectores aledaños y superan los 50.000 habitantes cada uno, como en los casos de Rawson, Capital y Pocito.

El resto, entre los que cuentan Iglesia, Zonda, 9 de Julio, Calingasta, Angaco, Albardón y Caucete, tienen menor cantidad de pobladores que los anteriores pero, sin embargo, sus jefes comunales están entre los que tienen los mejores ingresos. Las cifras consignadas corresponden a los haberes de bolsillo, ya practicados los descuentos de ley.

Estos datos trascendieron cuando el Gobierno provincial está en plenas paritarias docentes para definir los salarios del sector educativo y ya hubo un encuentro con los representantes de los gremios estatales para definir los haberes del sector (ver aparte).

Para los que recién llegan al gobierno municipal, como en los casos de Marcelo Marinero (Iglesia), Miguel Atampiz (Zonda), Gustavo Núñez (9 de Julio), Franco Aranda (Capital), Jorge Castañeda (Calingasta) y Julián Gil (Caucete), se trata de situaciones heredadas porque la política salarial la fijó la gestión anterior, que dejó el puesto el 10 de diciembre pasado. Y los nuevos administradores no han tenido tiempo material de modificar ese esquema. En cambio, Juan Carlos Gioja (Rawson), Fabián Aballay (Pocito), José Castro (Angaco) y Juan Carlos Abarca (Albardón), van por su segundo mandato y los haberes fueron fijados durante sus gestiones.

Una mayor cantidad de habitantes, como en los casos de Rawson, Capital y Pocito, demandan para sus administradores una mayor responsabilidad porque se trata de organizar servicios, planificar la atención de sus necesidades y velar porque tengan una mejor calidad de vida. Se trata, sin duda, de un mayor esfuerzo que, según la lógica, debería estar mejor remunerado, pero en la práctica no es así. Por el contrario Iglesia, donde el bloquista Marinero viene de suceder a su hermano Mauro, percibe el ingreso más alto de toda la provincia, según él mismo lo confirmó a este diario, pero gobierna un departamento con apenas poco más de 9.000 habitantes.

Un dato curioso surge al realizar la comparación con el municipio de La Matanza, el más extenso del conurbano bonaerense y con poco más de 1,7 millones de pobladores, donde la intendenta Verónica Magario tiene un sueldo de bolsillo de apenas 41.379 pesos, según publicó días atrás el diario La Nación.

Para establecer las remuneraciones en los municipios, no hay una legislación uniforme ni pautas claras que contribuyan a que los sueldos sean más o menos parejos. En el caso de los municipios de tercera categoría, que son lo que tienen entre 2.000 y 30.000 habitantes, están regidos por la llamada Ley Orgánica de Municipalidades, la vieja 6.289, que establece en su artículo 71 que “el Intendente percibirá la remuneración que le acuerde el Concejo”. Según ese criterio, cada comuna fija su propia política salarial, que resulta del acuerdo entre oficialistas y opositores y que, por tal razón, nunca tiene discrepancias.

En las comunas de tercera categoría, como Capital, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia y Caucete, el sueldo del jefe comunal se fija por ordenanza y los concejales ganan el 80 % de ese haber.