Tras una inspección al Instituto Penal de Chimbas que terminó en una presentación judicial por las malas condiciones en las que viven los internos, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso el traslado de 50 presos del Pabellón 2 Sector 4 “a espacios que cumplan las condiciones de habitabilidad previstas por la ley”. También ordenó que se haga una inspección ocular del espacio denunciado y que se ponga en conocimiento de las medidas a la Corte de Justicia de San Juan y al Tribunal Oral Federal, según dio a conocer el sitio web www .fiscales.gob.ar.
En los primeros días de diciembre (ver Cronología), los fiscales federales Katia Troncoso y Mateo Bermejo, el cotitular de la Comisión de Cárceles, Nicolás Toselli, el defensor Diego Giocoli y el coordinador del Área de Encierro de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, Roberto Cipriano García, realizaron una inspección judicial a la cárcel. Allí detectaron “flagrantes violaciones a los derechos humanos producto de las indignas condiciones de habitabilidad verificadas en dicha unidad, las cuales agravan de una manera absolutamente ilegítima las condiciones de detención”, según señala la resolución del juez, que está referida sólo al Pabellón 2.
La intervención del Ministerio Público Fiscal tuvo lugar por una investigación iniciada en el mes de julio como consecuencia de una golpiza que habría sufrido en el Penal el detenido Federico Elías Fernández y que luego fue motivo de un allanamiento en la institución penitenciaria (ver Página 3).
Según datos relevados por los participantes de la inspección, las personas alojadas en el Pabellón 2 permanecen las 24 horas del día encerradas en sus celdas, sin permiso para salir ni para utilizar los sanitarios, que ni siquiera existen en la mayoría de las celdas. Tampoco tienen lavatorios para higienizarse.
También comprobaron que durante el monitoreo -que duró tres horas- ninguna persona salió de sus celdas para usar el único sanitario que se encuentra ubicado en el Salón de Usos Múltiples del pabellón.
La presentación judicial tras la inspección ocular fue un habeas corpus correctivo colectivo a favor de los internos alojados en el Pabellón 2 Sector 4, que son 50, del Complejo Penitenciario de Chimbas. Fue con la intervención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin). Se trata del organismo que tiene entre sus atribuciones “disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad‘, según la resolución 455/13, que crea el organismo, firmada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En el recurso, dejaron constancia que “había 50 personas alojadas en las 22 celdas que por su dimensión deberían ser individuales, pero que en la práctica están ocupadas por dos y hasta tres personas, lo que determina que dos de ellas duerman encimadas en el piso y otra sobre el catre”.
Y agregaron que “eso está agravado por el hecho de que el suelo se encuentra inundado y con restos de materia fecal y otra suciedad proveniente del hueco de la cañería de desagüe cloacal”.
Además, informaron que “sólo dos celdas tienen inodoro y lavado, en tanto que las 20 restantes no poseen artefactos sanitarios, por lo que los allí alojados deben hacer sus necesidades fisiológicas directamente en el hueco del desagüe cloacal, y frente a los demás convivientes”.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa pudieron advertir el olor nauseabundo que emanaba de esos huecos en prácticamente la totalidad de las celdas, y señalaron que, “sumado al encierro constante, se transforma en un elemento más de la crueldad de trato que se describe”. Por otra parte, percibieron que “los internos no reciben elementos de higiene personal ni tampoco elementos de limpieza”.
Al conversar con los internos, éstos les dijeron que “son sacados a tomar una ducha una vez por semana, que no se les brinda atención médica; y que reciben escasísimo alimento, una única vez al día, y que generalmente consiste en un recipiente con leche diluida y maicena; y algún trozo de pan que deben comer con sus manos porque no son provistos de cubiertos, ni siquiera de plástico‘.
“Las condiciones de alojamiento denunciadas violan no sólo la dignidad de los internos y el derecho de los mismos a no afectar su integridad física, sino que directamente contradicen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas”, sostuvieron los fiscales y el defensor oficial en el escrito presentado ante el juez.
En las conclusiones del planteo ante el juez Rago Gallo aparece que “las circunstancias derivadas del irregular trato carcelario, como así también pésimo estado estructural y de mantención del Pabellón 2 del Sector 4 no sólo configuran un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, sino que directamente constituyen elementos y circunstancias que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de las personas allí alojadas”.
En la cárcel de Chimbas se encuentran alojados detenidos por causas comunes y también hay otros acusados de haber cometido delitos federales, como causas de droga, trata de personas, lesa humanidad o de haber atacado, por ejemplo, algún edificio de jurisdicción nacional, como puede ser la delegación local de la AFIP. Sin embargo, la medida del juez federal beneficia a todos los internos del Penal de Chimbas.