
La empresa mendocina Klaus fue contratada por el municipio de Jáchal para construir una planta de pulpa de membrillo que le daría valor agregado a la producción del departamento. El personal de la comuna durante la gestión del exintendente Jorge Barifusa, actual diputado, tenía la obligación de controlar y certificar los avances de las tareas para, de esa manera, disparar el desembolso de los fondos.
Pero los funcionarios no lo hicieron, sino que la auditoría la realizó la propia compañía, según admitió el propio dueño a las actuales autoridades departamentales. Es más, en el expediente administrativo está el documento que refleja la constatación y la firma del propietario. Es decir, era juez y parte, ya que hacía y se autocontrolaba. Así, pese a la ausencia de la verificación oficial, igual salieron 3,3 millones de pesos y la máquina no se encuentra en el municipio y ni siquiera está terminada.
Al dato lo dieron a conocer ayer en una conferencia de prensa el actual jefe comunal, Miguel Vega, y el equipo de asesores letrados, quienes demandaron a Klaus por incumplimiento de contrato por 7.258.584 pesos y le solicitaron la entrega de la maquinaria o lo que esté construido y los materiales, y los casi 5 millones de pesos que se le pagó.
La falta de certificación oficial en los avances de obra de la planta industrial generó que el Tribunal de Cuentas sancionara a Barifusa, a su exsecretario de Gobierno, Cristian Romero, y al exsecretario de Producción, Ricardo Guerrero, a pagar entre los tres los 3,3 millones de pesos. Los implicados se encuentran dentro del plazo para presentar la documentación y demostrar que no incurrieron en una irregularidad administrativa (ver recuadro). Su situación es delicada, ya que la ley de obra pública de la provincia establece que ante un emprendimiento, las certificaciones deben ser realizadas por el municipio. De hecho, en el contrato con la empresa, la repartición que tenía esa tarea era la Dirección de Producción comunal.
Frente a la resolución del órgano encargado de controlar el gasto público, el concejal Jorge Morales radicó una denuncia, pero el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, solicitó el archivo, ya que el Tribunal de Cuentas aún no emitió su dictamen final dado que está vigente la etapa de descargo de los castigados. Una vez que resuelva si son efectivamente responsables, tiene la obligación de realizar la denuncia penal y la causa se reabriría. Por eso, Vega destacó que no hará una presentación judicial para no interferir en el trabajo del organismo, pero sí demandó a Klaus para proteger el patrimonio municipal.
La administración de Barifusa consiguió un subsidio de la Nación de cerca de 5 millones de pesos para instalar la planta de pulpa de membrillo. En julio de 2015 firmó el convenio con la empresa mendocina, a la que contrató de manera directa. A pesar del monto, el argumento fue que cumplía con los requisitos técnicos para encarar el proyecto. Ese mes se libró un anticipo de 1,6 millones de pesos y el acuerdo establecía que en agosto debían destinarse otros 3,3 millones, previa certificación oficial de obra. Ese documento lo terminó presentando en septiembre Klaus, en el que señaló que los avances eran del 33 por ciento, explicó Federico Rodríguez, asesor letrado.
La gestión de Barifusa disparó los fondos en noviembre, a días de entregarle el mando a Vega, quien encaró los trámites para tratar de cerrar la operatoria. Por la demora en la transferencia, la compañía le reclamó un millón y medio de pesos al actual intendente por la suba de costos, pero el contrato fijaba que si había una actualización, a esa fecha debía ser de unos 235 mil pesos, indicó Vega. El empresario luego reclamó 2 millones de pesos, mientras que los funcionarios le exigían la entrega de la maquinaria, de la que constataron que estaba sin armar y desperdigada en tres talleres mendocinos. Como no hubo acuerdo, Vega demandó a Klaus.
Los cargos del Tribunal de Cuentas
El 26 de mayo, el Tribunal de Cuentas envió al Concejo Deliberante de Jáchal su resolución sobre la denominada cuenta 2015, el último ejercicio de la gestión de Barifusa. El organismo encargado del control del gasto público detectó siete irregularidades, en la que sobresalió el contrato por la planta de pulpa de membrillo.
El Tribunal formuló el llamado cargo (sanción) contra el exintendente, Cristian Romero y Ricardo Guerrero “fundado en la falta de comprobante documentado (certificado de obra) que justifique el avance de obra comprometido para autorizar el pago del saldo de precio del contrato”. Los tres exfuncionarios fueron castigados a pagar, cada uno, 1.108.933 pesos. Si los sancionados presentan la documentación que respalde el pago, se verán liberados.
También pueden presentar un recurso de reconsideración ante el propio organismo o apelar la resolución a la Corte de Justicia. Ahora, si son hallados responsables, el Tribunal radicará la denuncia y Fiscalía de Estado les iniciaría un juicio ejecutivo de cobro.
Claves
1. Según figura en la demanda, el dueño de la empresa le dijo a las actuales autoridades que sus predecesores no certificaron los avances de obra y que esa tarea la realizó él mismo.
2. En el expediente figura un documento firmado por el dueño de la firma Klaus, en el que señala que la certificación de obras era del 33 por ciento. Eso disparó el pago de los 3,3 millones de pesos.
3. Según el contrato entre la comuna y la empresa, la repartición encargada de llevar a cabo el control y la certificación de los avances de obra era la Dirección de Producción del municipio.