El ex militar Jorge Olivera, quien ayer prestó declaración indagatoria en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia que lleva adelante el Tribunal Oral Federal, dijo que es objeto de ‘acusaciones falsas‘ porque no tuvo ‘ninguna‘ participación en los operativos de control de la subversión en la época de la dictadura militar, menos en detenciones o interrogatorios con torturas. Y responsabilizó de la desaparición de la joven María Ana Erize, la única causa de la que habló, a dos ex militares que actuaban en el destacamento de Inteligencia de Mendoza, de quienes aportó nombre, domicilio y hasta los números de teléfono de cada uno.
Olivera fue el único de los 5 acusados que ayer accedió a hablar y después a responder algunas preguntas aunque, según aclaró el fiscal Dante Vega, no tenía la obligación de decir la verdad.
Su palabra era una de las más esperadas en este megajuicio porque se considera que tuvo la mayor responsabilidad en los operativos de represión en la provincia porque era el jefe del área de inteligencia del RIM 22. Pero Olivera sostuvo que nunca hizo un curso de inteligencia, que sólo era responsable del grupo que hacía inteligencia y que su tarea se limitó a prevenir un posible conflicto con Chile. Pero que nunca participó en operativos de detención de personas y menos en sesiones de interrogatorios con torturas.
El fiscal le recordó que la mayoría de los testigos de las 4 causas que fueron unificadas para este juicio lo mencionan con participación en los operativos de detención de personas y también en los interrogatorios en los que eran sometidos a tormentos. Pero él negó sistemáticamente toda participación en los hechos.
Su declaración, que se desarrolló en dos etapas, primero en la mañana y después por la tarde, comenzó con una explicación mediante gráficos que él mismo confeccionó en los que explicó el funcionamiento y las responsabilidades que tenía cada militar que actuó en el RIM 22 para le época del golpe de Estado.
Pero habló de una orden emanada de la Junta Militar en la que al RIM 22 sólo le daba atribuciones para hacer operativos de control y patrullaje en las rutas, pero que no participaban en la lucha contra los subversivos.
Para esa tarea dijo que en San Juan actuaban los miembros del destacamento de Inteligencia de Mendoza y en particular en el caso de la joven Erize que fue secuestrada en la puerta de una bicicletería el 15 de octubre de 1976 sostuvo que fue una operación coordinada por dos miembros de ese destacamento. En ese sentido mencionó a José Luis Piedra y a Jorge Pedro Wagner, ambos integrantes del destacamento con sede en la vecina provincia. Y dio sus números de documento, dirección y hasta los teléfonos.
Sobre cómo dio con ellos, a quienes llamó ‘cobardes‘ por no haber dado la cara durante estos años, dijo que el primero estuvo en su estudio en el 2000 y no le dio el nombre. Pero que en octubre de este año se lo encontró en el playón del hospital militar en Buenos Aires y que luego averiguó de quién se trataba.
Por ese motivo el Tribunal oficiará para que se investigue si estuvo en ese hospital al igual que Piedra y así poder constatar qué grado de verosimilitud podrían tener esos dichos.
Por la tarde, ante las preguntas de los fiscales, Olivera dijo que ‘no era mi función interrogar a nadie‘ y negó que en el RIM 22 funcionara un centro de detención.
Después se negó a responder a las preguntas de la querella, a lo que después el abogado querellante Roberto Scherbosky calificó como ‘un acto más de cobardía de Olivera‘.
Para hoy, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral, se esperan las declaraciones testimoniales de la jueza Margarita Camus y de su hermana, María Julia.