Luego de una inspección al Instituto Penal de Chimbas de funcionarios de la Justicia Federal, que terminó en un recurso de habeas corpus al que hizo lugar el juez Leopoldo Rago Gallo por las malas condiciones en las que viven 50 internos del Pabellón 2 Sector 4, la jueza de Ejecución Penal de la provincia, Margarita Camus, negó que la situación de los detenidos sea pésima y aclaró que ella rechazó un planteo similar. La magistrada, que es la encargada de controlar el cumplimiento de las penas de los reos por delitos comunes, reconoció que detectó condiciones de hacinamiento pero no que no tengan sanitarios, que no tengan elementos de higiene personal o que la alimentación sea deficiente.
“Ningún detenido ha planteado las condiciones que aparecen en el informe y por eso rechacé el recurso”, dijo la jueza Camus.
El 4 de diciembre pasado, los fiscales federales Katia Troncoso y Mateo Bermejo, el cotitular de la Comisión de Cárceles, Nicolás Toselli, el defensor Diego Giocoli y el coordinador del Área de Encierro de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, Roberto Cipriano García, realizaron una inspección judicial a la cárcel. Y en el Pabellón 4 Sector 2, que es el espacio conocido como de máxima seguridad, detectaron “flagrantes violaciones a los derechos humanos producto de las indignas condiciones de habitabilidad verificadas en dicha unidad”. Mencionaron que los 50 presos de ese sector estaban alojados en celdas que no tenían inodoros ni lavabos para higienizarse, que los detenidos no recibían elementos para lavarse y que la alimentación era escasa y hasta que debían comer con las manos porque no les proveían de vajilla, ni siquiera de plástico.
Tras dialogar con los detenidos, elaborar un informe y tomar fotografías, presentaron un habeas corpus correctivo colectivo a favor de los internos alojados en el sector, al que el juez federal Rago Gallo hizo lugar días después, ordenando que “se cumplan las condiciones de habitabilidad previstas por la ley”.
Pero la jueza Camus dijo que desde su juzgado, en el que se maneja, por ejemplo, el régimen de salidas transitorias de acuerdo al comportamiento de los detenidos, ella hace visitas periódicas al Penal de Chimbas, pero que no observó el estado tan grave al que hace referencia el informe. Incluso dijo que estuvo recorriendo el pabellón cuestionado el 7 de noviembre, casi un mes antes de la inspección de los funcionarios federales, y que el panorama era otro, por lo que terminó rechazando el recurso. En lo que sí coincidió fue en las condiciones de hacinamiento porque en celdas en las que debía haber un solo detenido, había hasta 4. Y por eso aclaró que desde su juzgado emitió una resolución el 5 de diciembre, ordenando que cesaran ese tipo de condiciones de alojamiento.
De los detenidos en el Penal de Chimbas, unos 100 son por haber cometido delitos federales, mientras que 476 son por delitos comunes, que están bajo la tutela de la jueza Camus. Sin embargo, el habeas corpus fue por todos, sin distinción de competencias (ver aparte).
“Desde el juzgado vamos en forma permanente a la cárcel y no hemos encontrado problemas con los baños o la comida, al menos no como lo dice el informe”, dijo la jueza Camus.
La presentación judicial tras la inspección ocular de los funcionarios federales fue con la intervención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin). Se trata del organismo que tiene entre sus atribuciones disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, según señala la resolución de creación del organismo.
En el recurso había quedado constancia de que “había 50 personas alojadas en las 22 celdas que por su dimensión deberían ser individuales, pero que en la práctica están ocupadas por dos y hasta tres personas, lo que determina que dos de ellas duerman encimadas en el piso y otra sobre el catre”.
Según fuentes judiciales, la preocupación que hay es que cada vez que hay una revuelta en el Penal, son los mismos presos los que rompen los sanitarios en las celdas y hasta queman los colchones.