Es uno de los ejes de la denuncia que hizo la Corte de Justicia en su contra y de la acusación por negligencia, morosidad injustificada y mala conducta que formalizó el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani y el Fiscal de Estado, Jorge Alvo. Y ayer, el juez de Jáchal, Javier Alonso, dejó traslucir que la acusación en su contra es real: que durante el segundo semestre de 2020 no emitió ninguna sentencia penal. En cambio, afirmó que sí pudo avanzar en resoluciones durante los primeros seis meses del año pasado, pero que en el segundo período "se tornó muy complejo". Entre las justificaciones en las que se respaldó figuraron la pandemia, la falta de personal capacitado y tres causas que se produjeron en la Segunda Circunscripción, que le requirieron toda atención, como un homicidio agravado, un homicidio simple y una estafa contra la administración pública.

Las explicaciones del juez de Jáchal se dieron ayer, en la audiencia previa a los alegatos de las partes, los que se darán hoy y marcarán la instancia final del juicio de destitución que se lleva adelante contra el magistrado. Tras los alegatos, el tribunal tendrá 30 días corridos para emitir una sentencia, la cual podrá apuntar a una absolución, por lo que el juez será restituido en su cargo, o hacia una destitución, lo que implicará que el juez quedará separado definitivamente de su puesto y estará sujeto a los tribunales ordinarios, si correspondiere.

Alonso decidió declarar y lo hizo de manera no juramentada, por lo que no tiene la misma validez que la palabra de un testigo. Al estar imputado, el juez no está obligado a declarar en su contra, por lo que puede mentir para revertir su acusación. El jurado tiene en cuenta eso al escuchar la exposición, pero, en el caso del magistrado, casi que reconoció las irregularidades que se le atribuyen.

Es que el juez indicó ayer que "el informe de auditoría manifiesta que Hugo Amaya (exsecretario penal de Jáchal) emitió 12 proyectos de resolución, los cuales fueron emitidos y firmados en el primer semestre. Pero en el cuadro de resultado de 2020, hablan de 18 procesamientos y nueve falta de méritos. Esas diferencias de resoluciones fueron, justamente, dictadas por mí, y fueron dictadas durante los primeros seis meses" del año pasado. Mientras que, sobre el segundo semestre, Alonso manifestó que se encontró con un área penal "sin un secretario con experiencia, sin un prosecretario, con un instructor que era ordenanza, con un instructor que era contratado y que nunca hicieron resoluciones. Más una persona en Mesa de Entrada que era ordenanza", por lo que fue "muy complejo" emitir resoluciones. Incluso, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento le solicitó que se explaye sobre por qué fue muy complejo, a lo que Alonso respondió que, sin Amaya presente, "el único que podía realizar los proyectos de resolución era yo", pero "¿Por qué no me pude abocar de manera fehaciente a realizar todos esos proyectos? Porque a los expedientes que podían llegar a estar a resolver les faltaban algún tipo de informes para determinar responsabilidades. No podía hacerlo al tuntún. Lo otro fue la investigación que se fue sucediendo de los delitos complejos que ocurrieron, los cuales me demandaban toda mi presencia, porque no podía delegar". Así, dijo que, "durante ese lapso, no pude dictarlos porque tenía que atender el despacho diario Penal, el Civil y también emitía resoluciones. Fue un cúmulo de situaciones que requerían toda mi la concentración".

• Foro: reunión urgente tras la polémica

El presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, convocó para hoy a las 9 a una reunión extraordinaria del Directorio tras la polémica que se desató por la publicación que hizo en sus redes sociales la vice Sofía Lloveras. La número dos de la institución hizo mención a la lentitud de "los empleados de los poderes del Estado y la gente de servicio al cliente", dado que señaló que surgieron de la copulación de Almiro y una tortuga, de acuerdo a la mitología griega. El comentario generó el repudio del gremio Unión Judicial, de la Corte de Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP) y del propio titular de la entidad que nuclea a los profesionales de la abogacía.

Para llevar adelante la reunión extraordinaria, es necesario el quórum con cuatro de los siete integrantes del Foro (presidente, vice y los cinco vocales). La mayoría la tiene el sector de Lloveras, por lo que si esos miembros no asistiesen, el encuentro se caerá. El objetivo de Álvarez es que la institución defina una respuesta ante todas las señales de rechazo, aunque la postura del presidente y la de los dos vocales de su espacio debe consensuarse con el grupo predominante, el cual puede vaciar la cumbre o, si concurre, dejar pasar el tema. Desde la Corte, con la firma del presidente Daniel Olivares Yapur, habían calificado las manifestaciones de Lloveras de "insólitas" y "lamentables", las que no las vincularon al Foro, "a quien corresponde, entre otros,

naturalmente evaluar la responsabilidad que pudiere caber". En la Unión Judicial indicaron que se refirió a los empleados "de una forma muy desagradable y denigrante", mientras que Álvarez también habló de un "razonamiento absolutamente despectivo". Desde ASAP destacaron la ofensa y el agravio hacia los empleados.