El resultado de una pericia que se ordenó en el marco del Jury al juez Carlos Macchi, podría tener un fuerte impacto en la megacausa penal de las expropiaciones. La misma confirma que en el expediente Parque de Mayo se hizo una burda corrección que permitió dejar afuera una tasación mucho menor a la cifra que reclamaba el abogado Santiago Graffigna, el principal involucrado en el escándalo, y se espera que sea incorporada al proceso penal como una prueba que refuerza la teoría de que hubo connivencia entre profesionales y empleados del Estado para consumar una millonaria estafa contra las arcas provinciales. Si bien se determinó que la letra no es del magistrado, en el juicio que se está llevando en su contra hablan de pedir pruebas caligráficas para sus empleados y citarlos a declarar.
La maniobra se encuentra en el expediente por el juicio de expropiación de una fracción del Parque de Mayo, causa caratulada como Lobbe de Morón. Todo se generó por un planteo del Tribunal de Tasaciones que pidió que se prorrogara el plazo para presentar su valuación sobre el inmueble. En la foja 339, el juez Roberto Pagés, que reemplazaba temporalmente a Macchi, que se suspendieran los términos. La resolución es del 31 de mayo de 2006 y Graffigna lo hizo constar así en un escrito que presentó pidiendo que el juzgado reconsiderara la decisión y que se tuviera en cuenta un fallo anterior que había dictado Macchi en el que no le había suspendido los términos al organismo tasador. Sin embargo, en la misma foja apareció después “2 de junio” y los acusadores detectaron que esa fecha estaba sobre una parte que se había borrado y que se había estampado a mano. La sospecha es que el abogado presentó su recurso con los plazos vencidos, entonces, alguien modificó y estiró la fecha para que el planteo estuviera dentro de los términos legales. Así, el magistrado cuestionado tomó como válido el pedido de Graffigna y resolvió dejar afuera al Tribunal que había valuado al terreno en casi 5,5 millones de pesos, una cifra mucho menor a la que presentó el perito del abogado, que fue de cerca de 15 millones de pesos.
Por lo que había colocado Graffigna en su escrito, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el fiscal General subrogante, José Mallea, sospechaban que la fecha era el 31 de mayo. Y la presunción se confirmó con la pericia caligráfica hecha por un profesional de Gendarmería, que determinó que la fecha original era esa y que la corrección fue hecha con posterioridad a la intervención del juez Pagés. Además, indicó que la letra no pertenece a Macchi, lo que en los acusadores abrió un abanico de interrogantes sobre quién hizo el cambio.
Fuentes ligadas a la causa penal, que instruye la jueza del Quinto Juzgado de Instrucción, María Inés Rosselot, aseguraron que se trata de una prueba clave que corrobora la actuación de una asociación ilícita para estafar a la provincia. En la investigación hay 11 procesados y a 10 de ellos, la magistrada les imputa haber cometido ese delito, entre ellos el propio Graffigna y la exjueza Rosalba Marún, entre otros.
Mientras tanto, ante las dudas que hay en el Jury sobre la autoría de la irregular corrección, las fuentes indicaron que uno de los acusadores pedirá que se amplíen las pericias caligráficas hacia el personal del juzgado de Macchi e inclusive, al propio Graffigna.