Con las instalaciones cada vez más chicas y deterioradas, en el Poder Judicial ponen el ojo esta vez en el edificio donde funciona el Registro de la Propiedad. Allí se hacen cientos de trámites diarios, es clave para las causas judiciales y desde hace rato que está colapsado. La Corte ya tomó la decisión de trasladarlo y por ahora baraja como opción más firme alquilar un inmueble que está a unas cuatro cuadras del Palacio de Tribunales y que es tres veces más grande. La mudanza trae soluciones, pero en la práctica es un parche porque los problemas de infraestructura siguen en muchas otras áreas y no hay visos de una solución integral.

El Registro de la Propiedad contiene los datos de la mayoría de los inmuebles de San Juan, funciona en un edificio alquilado en calle Rivadavia antes de llegar a Caseros, tiene una extensión de unos 560 metros cuadrados y quedó sumamente chico a partir del exponencial crecimiento inmobiliario que tuvo la provincia en los últimos años. Los expedientes van ganando espacio y en consecuencia, los lugares de trabajo y circulación del personal se han reducido al extremo y hay una delicada situación de hacinamiento.

La idea en consideración en la Corte de Justicia es llevar la repartición a un edificio ubicado en la esquina de Mitre y Rawson, cuya extensión alcanza los 1.500 metros cuadrados. Es decir, casi el triple de espacio. Ya hubo contactos con los propietarios, de una conocida firma de rectificación de motores, y habría que pagar casi 60 mil pesos por mes de alquiler. Si bien es un monto importante y está más alejado de Tribunales, epicentro de la mayor parte de la actividad, en el Poder Judicial dicen que cumple con los requisitos de superficie que demanda el Registro de la Propiedad.

El organismo es vital, porque suministra información clave a los jueces y certifica todas las operaciones inmobiliarias que se realizan en la provincia, a excepción de Iglesia y Jáchal, que tienen su propio registro. Se tramitan embargos sobre bienes de imputados en procesos judiciales, fianzas, se anotan las litis en donde hay en juego terrenos o viviendas, expide certificados solicitados por el IPV para adjudicación de casas y por Rentas para eximir de impuestos a los jubilados y con la información que da se disponen inhibiciones para transferir bienes.

Con el edificio que quede vacío, aún no hay una decisión de qué hacer. También es alquilado y como la necesidad de emparchar la situación es permanente, fuentes judiciales no descartaron mantenerlo y mandar allí alguna de las tantas dependencias judiciales que funcionan en ambientes deplorables.

Nada nuevo

Lo del Registro de la Propiedad es tan sólo un ejemplo, ya que la mayor parte de la estructura edilicia del Poder Judicial es obsoleta por donde se la mire. El Ministerio Público funciona en un inmueble que está destruido y en los Juzgados de Menores suelen romperse los baños y la falta de espacio obliga a que las audiencias se tomen en espacios de dos por dos. Lo mismo pasa en el fuero de Paz de la Capital y el Laboral, sin contar la decenas de problemas que tiene el edificio central, donde ya no hay lugares disponibles para acumular expedientes y a simple vista se nota la precariedad de las instalaciones eléctricas y la falta de medidas de seguridad para el traslado interno de presos, por citar algunos ejemplos.

La expectativa de la Corte es solucionar el problema de raíz con la llamada Ciudad Judicial. Quiere reacondicionar el edificio 9 de Julio, hoy abandonado, y sumarlo al Palacio de Tribunales. Pero se trata de un proyecto y parece estar congelado por falta de recursos. El Poder Judicial cuenta con un plazo fijo de más de 80 millones de pesos que se desvaloriza día a día y que, según dicen en el máximo tribunal, es insuficiente.

Mientras tanto, mantiene 19 inmuebles alquilados y varios cientos de miles de pesos afectados a ese fin. Ni así alcanza. Según un informe del departamento de Servicios Generales de Tribunales que publicó este diario en abril, los inmuebles propios y rentados suman 17.000 metros cuadrados y para que el funcionamiento del Poder Judicial sea óptimo se necesitan 43.500.