Mientras el Foro de Abogados decidió endurecer su reclamo para lograr cambios en el sistema de selección de jueces y fiscales, en San Juan ya son 30 los profesionales que fueron designados en esos cargos en los últimos siete meses. Es una cifra récord para ese plazo de tiempo y se debe, principalmente, a que hubo una catarata de renuncias a partir de la aplicación de la ley que habilita a los funcionarios judiciales a jubilarse con el 82 por ciento móvil. Actualmente, en el Consejo de la Magistratura hay 9 concursos para nuevos nombramientos y se espera que en el transcurso del año se produzcan nuevas vacantes, ya que queda más de una veintena de funcionarios en condiciones de pasar a retiro.
Desde el año pasado, el Poder Judicial sanjuanino atraviesa por una situación excepcional. Entre las masivas jubilaciones y los cargos que se crearon, se generó una cantidad histórica de vacantes y una gran expectativa entre los que jueces que buscan ascender y los abogados que aspiran a convertirse en magistrados.
Sabiendo del inédito número de cargos a cubrir, el Foro de Abogados intensificó su reclamo para introducir algunas modificaciones en el mecanismo de designación. Verbalmente y por nota, la institución pidió que en el proceso de evaluación de los aspirantes se incluya un examen de carácter técnico, que los integrantes del Consejo de la Magistratura argumente en forma escrita por qué eligen a tal o cual candidato y que los votos de los mismos se den a conocer en forma pública. Y el último domingo, insistió a través de una durísima solicitada publicada en este diario en dirección al Ejecutivo y a la Corte de Justicia.
La expectativa es que la renovación judicial alcance a unos 64 cargos de alto rango, sumando jueces, fiscales, defensores y asesores. Todos deben ser cubiertos a través de un sistema de concursos que implementa el Consejo de la Magistratura y que culmina con la elección de los nuevos funcionarios en la Cámara de Diputados.
La lluvia de jubilaciones empezó a hacerse efectiva en julio y las designaciones a consecuencia de esa movida arrancaron en septiembre. Desde entonces y hasta la actualidad, con el Consejo de la Magistratura obligado a actuar con celeridad para evitar acefalías pronunciadas que traigan más demoras en las causas, fueron nombrados 25 jueces, 3 defensores oficiales y 2 fiscales; lo que hace un total de 30 funcionarios, un número que no tiene sin precedentes para ese lapso de tiempo. Es decir, ya se cubrió casi la mitad de los cargos que se espera que queden disponibles.
Hoy hay en marcha concursos para cubrir otros 9 puestos (5 de juez, 2 de defensor, 1 de asesor de menores y 1 de fiscal Civil) y 2 jueces están a la espera de que la Anses les dé el retiro definitivo. Se suman 22 magistrados y una fiscal de Cámara que están en condiciones de jubilarse y aunque todavía no han renunciado para preparar el retiro, se especula que algunos lo hagan en el transcurso de este año.
En el Foro no quieren que el histórico recambio termine bajo el sistema actual, en el que los integrantes del Consejo seleccionan a los aspirantes en base a sus antecedentes y una entrevista, sin fundar los votos y mucho menos darlos a conocer. En la crítica solicitada que publicaron esta semana, las autoridades de la entidad denunciaron que hay injerencia del poder político en los nombramientos y que no se prioriza el aspecto técnico, y acusaron a la Corte de Justicia de permitir esa intromisión.
La reforma o no del sistema encuentra posiciones distintas entre los mismos consejeros. El cortista Juan Carlos Caballero Vidal, el ministro Adrián Cuevas y el diputado Víctor Muñoz Carpino son partidarios de no introducir y los abogados Fernando Rahmé y Rolando Lozano impulsan la reforma. Debatieron el tema en varias oportunidades el año pasado y predominó la idea de seguir con las cosas como están.