Ayer, el fiscal de Estado de la provincia, Guillermo de Sanctis, presentó en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos primeros informes del inventario de glaciares que están en ejecución desde el año pasado. El objetivo es anexar dicha documentación a las cuatro demandas existentes de inconstitucionalidad de la ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, que se encuentran en el máximo tribunal federal. Así, San Juan intenta demostrar el trabajo de cuidado del agua que viene realizando en paralelo con la explotación minera.
El primer informe comprende todo el 2012 y el segundo abarca desde enero a marzo de este año. Según el fiscal de Estado ‘demuestran que el inventario que se ejecuta está en plena marcha, debidamente documentado, y es el más completo, porque el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) no ha avanzado como lo determina la ley en el inventario nacional ni cuenta con la infraestructura requerida, por lo que está consultando a las provincias para su elaboración‘.
La presentación sanjuanina incluyó, además, el plan de manejo de la reserva de San Guillermo, elaborado por el Instituto de Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo. El trabajo se dio a conocer públicamente el miércoles de la semana pasada y la cita fue aprovechada por activistas de Greenpeace para desplegar una gran bandera en el Centro Cívico contra la minería, lo que armó un fuerte revuelo por la polémica forma de protestar.
‘Si bien no está relacionada con las demandas, entendemos que es importante hacerle saber a la Corte lo que estamos haciendo en San Juan, más cuando algunos ambientalistas u ONG’s pretenden comunicar todo lo contrario‘ manifestó De Sanctis en relación a la campaña de Greenpeace.
El funcionario se presentó al máximo tribunal con tres grandes tomos del trabajo realizado por la Universidad Nacional de San Juan en las dos cuencas hídricas de la provincia, a saber: la del Norte, del río Jáchal, en cuyo relevamiento de glaciares intervino Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería y donde se ubican los megaemprendimientos mineros, Veladero y Lama (también estará emplazado el túnel por Agua Negra); y la cuenca Central y Sur del río San Juan, en la que actuó el Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el que se emplazan los proyectos Casposo, Pachón y en exploración Azules y Altares.
Así las cosas, las autoridades locales quieren dejar claro en la Corte cómo se está procediendo en la provincia en relación a la práctica de la minería y la conservación de las grandes masas de hielo. Todo se da en el marco de la revisión de la Ley Nacional de Glaciares, tras caerse la cautelar presentada por la provincia a principios de noviembre de 2012 (ver Cronología) que establecía la excepción de aplicación de seis artículos para San Juan, bajo el fundamento central de que los recursos naturales son propiedad de las provincias, según las Constitución. A eso se suma que los emprendimientos vigentes ya cuentan con los informes de impacto ambientales, único requisito que se establece en el Código Minero y la Ley de Medio Ambiente, ambos nacionales.
La causa que está en manos de la Corte Suprema se disparó a raíz de demandas interpuestas por el gremio AOMA y otros (Casemi, CGT, etc), Barrick Exploraciones Argentinas, Minera Argentina Gold, y Xstrata Pachón, todas contra el Estado nacional para pedir la inconstitucionalidad de la norma de glaciares. La provincia tomó intervención como tercero necesario en el proceso, que se sustancia en la Secretaría de Juicios Originarios como primera y única instancia judicial.
El plan oficial es presentar en la Corte la auditoría externa que realizará sobre suelo sanjuanino Naciones Unidas. ‘San Juan y su pueblo necesitan desarrollarse y tienen derecho a progresar, la minería no está destruyendo ningún recurso natural, no está contaminando y hacemos todo para cumplir un desarrollo sostenible”, explicó De Sanctis al adelantar que en breve elevarán el convenio que firmarán con la entidad internacional.