La Cámara Penal de la Justicia provincial está conformada actualmente por tres salas y en la Corte de Justicia dicen que no dan abasto para atender al mismo tiempo los recursos de apelación que ingresan y los juicios. Con ese fundamento, en los despachos del segundo piso del edificio 25 de Mayo evalúan por estas horas la creación de un nuevo tribunal que se dedique exclusivamente a resolver las apelaciones, mientras que los que ya existen se quedarían únicamente con los debates. Si la iniciativa avanza, implicará tres cargos más de juez, uno de fiscal y dos de secretarios.
La Corte se apoya en las estadísticas. Aunque por ahora no lo tienen cuantificado, los ministros del máximo tribunal aseguran que la cantidad de causas en el fuero penal creció y que, en consecuencia, también subió el número de recursos de apelación que provienen de la primera instancia (no se sabe si también hay más juicios, en virtud de que la gran mayoría de las causas no se resuelve nunca). El resultado: las resoluciones que debe dictar la Cámara Penal y los juicios se demoran cada vez más.
Hay cientos de ejemplos de la alta morosidad que hay en la segunda instancia y uno de los más conocidos es el de la Caja MOB: hace casi dos años y medio que los procesados presentaron un recurso y los miembros de la Sala I todavía no lo resuelven. Las constantes demoras han desatado fuertes críticas de aquellos que esperan más celeridad de la Justicia y así todo, la mayoría de los camaristas no va a trabajar en la tarde para ponerse al día y sigue gozando del privilegiado régimen de medio día.
En la Corte no piensan en la necesidad de acomodar cargas horarias, sino en agregar la cuarta sala. De acuerdo a los datos que se filtraron, tendría la misión exclusiva de atender las apelaciones. Es decir, las tres que ya están en funcionamiento se dedicarían a los juicios y los recursos serían propiedad de la nueva estructura y los tres jueces que estarían al frente.
Para poner a rodar la nueva estructura, hace falta una ley. El máximo tribunal tiene iniciativa legislativa y puede enviar un proyecto a la Cámara de Diputados o acordarlo con el Ejecutivo y que lo presente este último. Uno de los temas a analizar es la inyección de recursos que haría falta para pagar los sueldos de los nuevos empleados (incluyendo jueces y fiscal) y los gastos de funcionamiento.