La designación sin concurso de parientes y amigos en el Poder Judicial, es uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años. Así todo, la Corte de Justicia de la provincia sostiene que no tiene que dar ninguna explicación pública por lo que hizo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, señaló la semana pasada todo lo contrario: los jueces tienen "la obligación" de explicarle al pueblo sus actos. La definición del jurista casi que ruboriza a los cortistas sanjuaninos, que eligieron ocultarse y evitar la responsabilidad de rendir cuentas frente a un repudio generalizado.
Lorenzetti pronunció sus palabras en la presentación del nuevo formato del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, el último viernes, y bien sirve aplicarlas a la coyuntura local. "Tenemos la obligación de dar explicaciones de nuestras decisiones al pueblo. Las criticarán, estarán de acuerdo o no, pero nuestra obligación es decir por qué decidimos lo que decidimos y someter nuestros argumentos a debate público", sostuvo.
Lo que pasa en San Juan, choca de frente con la visión de Lorenzetti. Desde que el escándalo estalló, ningún miembro de la Corte quiso decir por qué nombró a dedo a 39 empleados, la mayoría de ellos parientes o amigos de jueces, fiscales y funcionarios. Para peor, el presidente, Juan Carlos Caballero Vidal, señaló que si en algún momento lo consideran necesario, darán explicaciones. Es decir, no creen que haga falta salir a fundamentar una medida que pone en duda la formación ética que demanda la tarea de juez.
Parece que no sirvió de mucho la visita que Lorenzetti hizo a San Juan el año pasado. Los cortistas aplaudieron en público cuando habló. Les pidió a jueces y fiscales, nada menos que, "mostrar qué hace el Poder Judicial a la sociedad".