Un escándalo estalló contra la Iglesia de San Juan y, en particular, contra el obispo auxiliar, Carlos María Domínguez. Es que ayer trascendió el pedido de investigación fiscal por la presunta estafa en la adquisición de una casa y un salón comercial de un jubilado de 78 años que padece graves problemas mentales, en el que quedó en la mira el número dos del Arzobispado. No sólo está bajo la lupa una operación comercial con una persona que tiene trastornos psicológicos, sino también que el abogado de los denunciantes aseguró que no han encontrado nada del millón de pesos de la supuesta compraventa. A todo eso, según indicaron, el inmueble tiene un costo que ronda los 10 millones de pesos.

Los denunciantes son los hermanos Sergio y Rubén López, hijos del jubilado que tiene su hogar en Caucete. El segundo de ellos manifestó que "estamos devastados. Años de laburo de mi viejo para tener su casa, con un salón comercial al que estábamos por terminar. Es una situación de mier...". Su abogado, Leonardo Villalba, explicó que, de acuerdo a la escritura, se estableció que el hombre de 78 años tiene el usufructo vitalicio del inmueble, es decir, puede vivir en la casa y utilizar el salón comercial hasta su fallecimiento. Luego de ello, explicó, la propiedad queda en poder del Arzobispado. La denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Carlos Rodríguez, quien le pidió al juez Guillermo Adárvez que abra la investigación por estafa. En el planteo, le apunta a Domínguez como presunto responsable, ya que actuó en representación del Arzobispado.

Sobran los datos llamativos que alimentan la sospecha. Según explicaron allegados al caso y el propio Villalba, el jubilado tuvo un episodio de violencia en la vía pública el 26 de diciembre. Sucede que, según informes médicos, padece psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica, lo que llevó a una internación en una clínica psicopatológica por orden del Juzgado de Paz de Caucete. De hecho, sus hijos iniciaron en el Primer Juzgado de Familia el trámite denominado curatela, el cual consiste en la protección del patrimonio de todas aquellas personas incapacitadas de obrar por sí mismas, a través de la figura de un curador.

Debido a la internación, la casa quedó sola y fueron vecinos los que vieron a personas tomando mediciones sobre el inmueble para una mensura y que lo hacían de parte de una escribanía. La movida despertó la alarma y la familia comenzó con las averiguaciones. Según fuentes del entorno del jubilado, desde el Juzgado de Paz de Caucete se tomaron medidas y se pidió información a una escribanía del departamento (de la cual no trascendió el nombre), la que reveló que se había firmado una escritura en mayo de este año. Tras ese dato, abogados cercanos a la familia solicitaron un informe al Registro de la Propiedad, el cual reveló que se había realizado una compraventa por 1 millón de pesos y que tenía la firma del jubilado, la cual no está finalizada porque falta cumplir requisitos, indicaron las fuentes. Por eso, Villalba presentó una cautelar para que no se concluya la transacción. En el escrito, los denunciantes plasmaron que el inmueble tiene un costo aproximado de 20 millones de pesos. También hicieron hincapié en la simulación de una venta, dado que los hijos indicaron que su padre nunca les dijo nada de ingreso de algún dinero, sumado a que en la vivienda no hay nada.

 

 

Denuncia

La presentaron los hijos del jubilado de 78 años, a través del abogado Leonardo Villalba. Plantearon que el Arzobispado hizo una operación comercial con una persona que no está en condiciones psíquicas. Además, dijeron que no está la plata.

Estado de salud

Según los denunciantes, días antes de la compraventa, el jubilado tuvo un episodio de violencia debido a que padece problemas mentales. De hecho, un Juzgado de Paz ordenó su internación y está en trámite la curatela en un Juzgado de Familia.

Planteo fiscal

El fiscal Carlos Rodríguez le pidió al juez Guillermo Adárvez que abra la investigación por estafa. En su requerimiento, le apuntó a Carlos María Domínguez como presunto responsable, dado que actuó en representación del Arzobispado.

Escritura

Los denunciantes consiguieron un informe del Registro de la Propiedad en el que consta la compraventa por la casa y el salón comercial por 1 millón de pesos. No obstante, el inmueble ronda los 10 millones. La plata no está en ningún lado.

• El antecedente de un hecho delictivo

En febrero de 2016, el entonces arzobispo Alfonso Delgado denunció al exadministrador Juan Brozina y al tesorero Darío Tapia por el desvío de casi 750 mil pesos en total. Ambos fueron procesados, aunque accedieron al beneficio de la probation, por lo que realizaron tareas comunitarias y entregaron una suma simbólica de dinero, por lo que evitaron el juicio y un casi seguro castigo. En sus declaraciones ante el juez, Brozina expuso situaciones dudosas del exobispo, pero tras sendas investigaciones en la Justicia local y federal, todo quedó en la nada por la falta de pruebas.