A través de un comunicado, el Arzobispado se ofreció a anular la compra que llevó adelante de una casa, siempre y cuando se compruebe en la Justicia que el propietario tiene problemas mentales, cosa que han denunciado sus dos hijos, con informes médicos, para frenar la transacción. La movida de la Iglesia apunta a reflejar su "predisposición" para "el mejor entendimiento de las partes". Frente a ese "gesto", el abogado de los denunciantes se mostró a favor de sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo que, en definitiva, dé marcha atrás con la firma de la escritura del inmueble a favor de la Arquidiócesis. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que, por más que se concrete algún tipo de arreglo entre las partes, la investigación seguirá hacia adelante para establecer o no responsabilidades penales en una operación comercial con una persona presuntamente incapaz. Por eso, será clave una pericia oficial sobre el estado de salud del dueño de la vivienda.

La causa se tramita bajo las pautas del viejo Código Procesal Penal, en el que no está reglamentada la posibilidad de que denunciante y denunciado lleguen a un acuerdo en lo que se conoce como reparación integral del daño, lo que borra la causa penal, su investigación y eventual sanción. Inclusive, hay un fallo de la Corte de Justicia que rechazó un convenio de ese tipo, luego de la oposición del fiscal por la directiva del jefe Ministerio Público, Eduardo Quattropani. En el caso del Arzobispado, las fuentes indicaron que el representante de fiscalía seguirá la misma línea.

La comunicación oficial de la Iglesia se da después de que el viernes estallara el escándalo. El escrito lleva la firma de los abogados Rubén Lloveras, Cristina Naveda y del obispo auxiliar, Carlos María Domínguez. Este último fue señalado por el fiscal Carlos Rodríguez como el presunto responsable de una estafa, debido a que actuó en representación del Arzobispado. El comunicado señala que "la escribanía interviniente tomó las previsiones de ley", en cuanto a requerir "los informes necesarios", sin que "alguno de ellos muestre la imposibilidad de avanzar en los términos convenidos entre las partes". Además, se resalta que hubo "múltiples diálogos previos", de los que no surgió "la probable existencia de un inconveniente de salud del propietario-vendedor que pudiera afectar su capacidad para celebrar ese acto jurídico".

La escribanía en la que se firmó la escritura es la de Susana Celani, en Capital. La casa que se vendió al Arzobispado es la de un jubilado de 78 años, que está ubicada en Ignacio de la Roza 644, en Caucete, a pasos de Diagonal Sarmiento y de la iglesia del departamento. El terreno no sólo cuenta con la vivienda, sino también con un salón comercial. Según los denunciantes, los hijos del jubilado, Sergio y Rubén López, el inmueble tiene un valor de unos 10 millones de pesos, mientras que la venta fue de 1 millón. No obstante, la plata no se encuentra ni en la casa ni en la cuenta del jubilado, según la denuncia. Parte de los datos de la transacción salieron a la luz luego de un pedido de informe del Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de Luciana Salvá. La magistrada fue la que ordenó la internación judicial del jubilado, luego de que este tuviera un episodio de violencia con uno de sus hijos, a fines de diciembre pasado. El planteo fue de la familia, que acompañó el certificado médico de una psiquiatra. Antes de la internación, se llevó a cabo la operación comercial, de la que los hijos tuvieron conocimiento en mayo. A través de abogados, consiguieron un informe del Registro de la Propiedad en el que constataron la venta a favor de la Iglesia, aunque la escritura no está terminada. El documento establece que el propietario puede usar su inmueble hasta que fallezca. Así, después iba a quedar en manos del Arzobispado y no de los hijos.

• POSTURAS

La Iglesia

En un comunicado oficial, el Arzobispado señaló que en los "múltiples diálogos" con el jubilado no detectaron problemas en su estado de salud y que la escribanía tomó todas las previsiones.

Denunciantes

Son los hijos del jubilado, Rubén y Sergio López. En la denuncia indicaron que su padre tiene problemas mentales y que, de la operación comercial, no apareció la plata.

Causa

Por un hecho de violencia con uno de sus hijos, el jubilado fue internado judicialmente. Hay un proceso de curatela en curso. Un fiscal pidió investigar al obispo auxiliar Carlos Domínguez.