Aunque los abogados de Diego Armando Maradona no quieren dar nombres y apellidos, las medidas que dictó ayer el juez Leopoldo Zavalla Pringles revelan hacia dónde parece dirigirse la investigación que busca determinar quién usó ilegalmente la imagen del astro en afiches y volantes para hacer campaña por el NO a la re-reelección del gobernador. Fuentes judiciales contaron ayer que el magistrado llamó a declarar en carácter de testigos al propietario de un comercio donde funciona una imprenta y al dueño del local donde el ahora opositor César Gioja tiene su bunker proselitista.
La medida se dictó a pedido de la apoderada legal de Maradona, Andrea Alicante, que el miércoles llegó a San Juan para hacer una denuncia penal por la aparición de una foto del "Diez" en material de campaña en rechazo a la enmienda constitucional que impulsa José Luis Gioja. La abogada había solicitado también dos allanamientos, pero por ahora no le dieron curso.
Alicante y Riveros estuvieron ayer en la mañana en Tribunales, a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 dictara las primeras medidas. Las fuentes señalaron que el juez llamó a declarar a los propietarios de los dos locales, porque podrían ser un instrumento clave para llegar a los autores materiales e ideológicos de la maniobra. Dicho en otras palabras, podrían servir para dar con quién hizo el material y quién lo encargó.
Según las fuentes, Alicante y el abogado sanjuanino Adrián Riveros aportaron un testigo que dice haber visto que en el bunker que el senador tiene en avenida España, antes de Central, frente al Centro Cívico, se entregaron volantes con fotos del astro. Y por datos que manejan tras algunas averiguaciones previas, presumen que se hicieron en una imprenta que está sobre avenida Rawson.
Los afiches y los volantes que desataron la ira de Maradona están dando vueltas en la vía pública desde hace unos 20 días. Exhiben una foto suya con dos círculos en las manos con un NO en señal de rechazo a la re-re. Alicante sostiene en su denuncia que los que usaron la figura del ídolo futbolístico cometieron el delito de defraudación que aparece en el artículo 31 de la ley de propiedad intelectual, que conlleva penas de 1 mes a 6 años de prisión.
La abogada tenía previsto regresar ayer mismo a Buenos Aires, con lo que la causa quedará ahora en manos de Riveros. Antes de irse, casi que descartó que sea necesario que Maradona tenga que viajar a San Juan para declarar.