Una de las medidas que tomó el actual gobernador Marcelo Orrego apenas asumió su cargo fue eliminar contrataciones, renovaciones y pases a planta permanente de los últimos 6 meses. Lo que ocurrió después fue la intervención del Sindicato de Empleados Públicos para defender a sus afiliados. De esta manera, presentó un amparo colectivo, que recayó en el Octavo Juzgado Civil.
Ante esta situación, se resolvió "como medida cautelar innovativa la suspensión de los efectos jurídicos de los actos administrativos atacados Dctos. 62/23 y 2701/23 en relación a los actores, disponiendo su restitución inmediata al cargo en el que fueron designados, con la retribución que corresponde al mismo, mientras se sustancia el presente proceso y hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa".
Cabe recordar que durante un acto oficial en diciembre, el primer mandatario provincial detalló que "en último semestre ingresaron a planta permanente unos dos mil trabajadores, lo que implica un gasto anual para las arcas provinciales de 10 mil millones de pesos".
En el detalle dado a conocer por la Justicia, desde el gremio que nuclea a los estatales consideran "legítimo" el derecho al trabajo tal como lo establece la Constitución y tildan de "arbitraria, ilegal e inminente" la forma administrativa en la que "intentan anular" lo que fue "debidamente designado por medio de un acto administrativo".
Ahora, lo que resta es que en una nueva oportunidad, las partes se presenten ante la Justicia.