‘¿Cuál es el objetivo principal que persigue cualquier empresa, por ejemplo, una panadería?’, me preguntó un abogado esta semana. ‘Hacer pan y venderlo’, respondí ingenuo. ‘¿Para qué un empresario forma una empresa?’, insistió. ‘Para vender o dar servicio; ganar plata, en definitiva’, volví a responder y ya a sabiendas que entraba en algún juego del profesional. ‘Bueno, ¿cuál es el objetivo de la Justicia?’, dijo.
‘Tenés razón’, le dije, sin necesidad de entrar en detalles. Claro, el abogado ya conocía los números de una estadística que, si bien se hizo en 2012, se espeja en este año, o en cualquier otro, hacia atrás o hacia adelante: de unos 30 mil hechos delictivos que se tramitan todos los años en los Tribunales de la provincia, sólo logran sentencia unos 500. Es decir, la Justicia sólo está haciendo justicia para el 1,6% de los sanjuaninos. Es como si la panadería del comienzo de esta nota tuviera una demanda de 30 mil panes al año, pero sólo lograra producir 500.
Teniendo en cuenta el presupuesto de casi 700 millones de pesos que tendrá este poder del Estado este año, cumplir con el derecho de Justicia de esos 500 afortunados sanjuaninos cuesta en promedio $1.400.000 cada uno. Y no se trata sólo de números, se trata de que no están dando respuesta a un derecho, tal vez uno de los más reclamados. ¿Cuál es la solución? Hay muchas ofertas dando vueltas, pero ninguna funcionará si quienes tienen que administrar Justicia no quieren hacerlo, como pasa actualmente con la Corte. Los números que siguen no son aptos para cardíacos, aviso.
En el 2013 el Ministerio de Gobierno elaboró un informe titulado ‘Políticas de Persecución Penal’, que fue usado por las autoridades políticas de aquel momento para situarse en tiempo y espacio respecto de la actividad delictiva y cómo trabajar sobre ella. En ese informe hay datos proporcionados por el Sistema de Información Geográfica del mismo Ministerio, referentes a tipo de delitos, lugar y hora donde se produjeron y otros valiosos aportes como sexo y edad de las personas damnificadas, por ejemplo. Esa información fue entrelazada con los antecedentes que arrojó la Primera Encuesta Provincial de Victimización, elaborada por la Fundación Centro de Investigación Económicas y Sociales (CIES), que se hizo entre los años 2012 y 2013 en base a 5 mil entrevistas personales en las 20 jurisdicciones policiales de la provincia. Del primer informe, el que fue elaborado por el Ministerio de Gobierno, surge que el 68% de los hechos delictivos registrados en la provincia son los llamados ‘contra la propiedad’, compuesto por hurtos (34%), robo (30,8%) y tentativas de ambos (3,2%). Le siguen, lesiones art. 89 del Código Penal (6,7%), y amenazas (6,5%). Hasta aquí, algo que más o menos se conocía. Pero del segundo análisis, el que hizo el CIES, surge que el 57,3% de las personas de esta provincia prefiere no denunciar hechos ilícitos. ¿Por qué no denuncia? De ese 57,3%, el 59,6% dice que ‘No sirve de nada’. Para el 14,8% ‘No era importante/no se perdió nada’ y el 13,4% dijo que ‘No tenía pruebas’, entre otros muchos argumentos. Así mismo, el 6,3% de los sanjuaninos entrevistados aseguró que es muy probable que su caso se resuelva; el 14,7% dijo que es bastante probable; el 40,9% que es poco probable; y el 24,4% dijo que es nada probable. En resumen, sólo 6 ciudadanos de cada 100 se animan a afirmar sin tener dudas que van a tener Justicia. Desastre. Pero lo peor no es la respuesta de la gente porque tal vez esa contestación pudo estar atada a la gravedad del hecho sufrido, a la cantidad de tiempo que haya pasado desde que sucedió el acto delictivo hasta que hicieron la pregunta de la encuesta, lo peor es que esas personas tienen razón: según fuentes judiciales, (cifra que fue rechequeada con funcionarios del Ejecutivo de la época que se hizo el estudio y de ahora) de las 30 mil causas que se empiezan a tramitar en Tribunales todos los años, promedio, sólo llegan a sentencia 500. El resto se archiva, prescribe o se desestima. La frase ‘…la Justicia no hace nada’, es real, se puede afirmar sin temor a equivocaciones, lamentablemente.
¿Cómo cambiar esta realidad? ‘Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados’, dijo Albert Einstein. Claro, el científico no llegó tener el placer de conocer a la Corte sanjuanina. El Poder Judicial de esta provincia es uno de los más atrasados en el país, es uno de los que menos cambios introdujo, es uno de los cuatro que aún no implementó la investigación fiscal, por ejemplo. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Chubut, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro, ya lo hicieron. En esa lista hay provincias chicas como la nuestra y otras más grandes, por lo tanto no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con las ganas de hacerlo. En San Juan al no existir el Sistema Acusatorio tampoco existen herramientas judiciales que permitan tramitar las causas menores con mayor rapidez, como Mediación, Conciliación o Reparación del Daño, las que sí existen en esos otros distritos. Sólo se implementó la suspensión de juicio a prueba que, dicen, no funciona como debería hacerlo. Y que, además, acorta los tiempos sólo una vez que llega el juicio, luego de dos años de investigación y generación de prueba, de gastos interminables y plazos casi vencidos. Con el sistema actual, en el que se supone que todo se juzga, un juez debería darle el mismo espacio y tiempo a un arrebato que a un crimen y no es así. Ningún juez lo dirá micrófono en mano, pero café de por medio y sin revelar la fuente la mayoría de los magistrados admiten que no tienen tiempo para revisar la ridícula cantidad de causas pequeñas por hurto, robos menores, amenazas y otras yerbas que les llegan, que representan casi el 70 por ciento de su trabajo. Sólo atienden las que son de gravedad, las que vienen ‘recomendadas’ o las que han tenido algún impacto público, las demás pasan de largo.
Ese vicio del sistema no es el único, por ejemplo: hoy una persona que es víctima de algún delito (NdR: ya dijimos que se trata sólo del 43 por ciento de los casos, porque el 57 restante no denuncia) y hace la denuncia en una Seccional, luego tiene que ratificarla en el Poder Judicial, porque la primera sin la segunda no tiene validez. Es decir, se duplica ese acto y, al duplicarse el acto, se duplica el gasto. Bajo el Sistema Acusatorio todo se allanaría o, con el sistema actual, si todos los sanjuaninos tuvieran acceso a denunciar en una fiscalía, cosa que no ocurre, ya que las oficinas de los fiscales sólo están en el centro.
En el Gobierno no ven mal lo de la Investigación Fiscal, pero tienen dudas. Entre otras ventajas les seduce que el fiscal esté en las comisarías y que los jueces no tengan el poder de hacer lo que quieran, como es hoy. Aunque la queja mayor del Ejecutivo hacia el Judicial en términos de seguridad y fuera de micrófono por supuesto, es que los delincuentes entran por una puerta y salen muy rápido por la misma puerta. Todos los actores admiten que eso es cierto y para comprobarlo, en el informe ‘Políticas de Persecución Penal’ adjuntan el ejemplo de un muchacho que fue detenido en un robo en el barrio Santa Cecilia de Capital el 15 de marzo de 2012. Ese mismo joven había sido excarcelado horas antes. Y ya tenía otros 11 ingresos policiales por distintos delitos. La queja del Ejecutivo es que se los libera sin tener en cuenta la planilla prontuarial. En la Justicia admiten que eso es cierto, pero aseguran que con este sistema el juez no puede hacer otra cosa que liberarlos. No hay tiempo físico y tampoco hay control de gestión. La organización es demasiado horizontal. No hay una línea de política criminal, nadie les indica qué atender o qué priorizar. Y es otra ventaja de la Investigación Fiscal: hay un jefe, hay quien ordene el trabajo, hay quién diga, ‘muchachos de aquí en más, el trabajo lo hacemos de esta forma. Vamos a atacar a tales delincuentes’. Está claro que en la Corte se resisten porque esa persona sería el Fiscal General, y no ellos. Pero también está claro que el actual sistema ha colapsado hace más de 20 años.
En definitiva, no se sabe si la Investigación Fiscal será la solución a todos los males, pero al menos es lo que el país está haciendo. Lo problemático de todo esto es que el servicio de Justicia no llega, se detuvo en el tiempo, se estancó. Si no es la investigación de fiscales debería ser otra cosa, pero no ésta, porque a la luz de los acontecimientos está fallando. Esta Los miembros de esta Corte no quieren cambiar el sistema porque se quedan sin poder, pero tampoco tienen ideas alternativas y ya llevan más de 20 años en el cargo. Hagan otra cosa si no les gusta el Sistema Acusatorio, pero háganlo rápido porque se les viene la noche. Al resto de los sanjuaninos, la noche ya nos tapó. No se olviden que la seguridad es la segunda preocupación de la gente que vive en la provincia.