El Ejecutivo decidió retirar la vigilancia policial de todos los edificios de la Justicia provincial a partir del 1 de mayo. Así se lo hizo saber a la Corte de Justicia a través de una nota enviada la semana pasada. El argumento oficial es que el personal que actualmente cumple esa función, será afectado a otras tareas. Pero hay, también, razones económicas. En el Gobierno explicaron que el servicio es un adicional que se tiene que pagar y que el Poder Judicial no lo hace. En el máximo tribunal se mantuvieron en silencio y están analizando el tema, para ver si toman alguna medida.
La resolución oficial alcanza a los más de 30 edificios que tiene el Poder Judicial, pero el impacto real se notará en 20. Según dijeron en ese Poder, hoy tienen custodia unos 19 inmuebles que están alquilados en el Gran San Juan para el funcionamiento de distintas dependencias (entre ellas, juzgados y Cámaras de Apelaciones) y el edificio de Tribunales (Aberastain y Rivadavia), donde se concentra la mayor parte de la estructura.
La notificación del Ejecutivo está firmada por el secretario de Seguridad, Miguel González, y en la Corte causó sorpresa. Pasa que la Policía, desde siempre, es la que ha custodiado los edificios judiciales fuera del horario de trabajo. Lo mismo hace en otras reparticiones de Gobierno que han solicitado la asistencia de la Fuerza para mantener seguras las instalaciones y los bienes.
La vigilancia del patrimonio público está impuesta por la ley 6.458. En su artículo 1, dice que “Los servicios de seguridad, custodia y vigilancia para edificios y actividades del Estado Provincial, deberán ser cubiertos exclusivamente por la Policía de la Provincia o por los propios sistemas de seguridad dependientes de cada repartición”. Atendiendo a que ningún organismo tiene un sistema propio, la fuerza policial es la que siempre ha realizado la tarea.
El fundamento que dio el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, de quien depende la Policía, es que los hombres que normalmente custodian los edificios judiciales, hacen falta para reforzar las tareas de prevención en puntos estratégicos de la provincia. Hasta ahí, lo oficial, lo que dice la nota que llegó a la Corte.
A toda esa argumentación, se suma el tema económico. En el Ejecutivo aseguraron que el Poder Judicial no está pagando por la vigilancia, como sí lo hacen otras reparticiones del Estado. Las fuentes de la gestión giojista señalaron que el servicio de custodia se debe abonar, porque es un adicional (no una recarga) que presta la Fuerza fuera del horario habitual de trabajo y necesita de recursos para pagarles a los efectivos que lo realizan.
La vigilancia policial se realiza en horarios especiales. Generalmente comienza a última hora de la tarde y finaliza a las 7.00, cuando empieza la actividad en la administración pública. Los adicionales se pagan por turnos de cuatro horas. Si son de día, el valor es 84,31 pesos y si el servicio es nocturno, asciende a 101,17 pesos.
Los ministros del máximo tribunal no quisieron hacer declaraciones ayer. Sin embargo, en Tribunales aseguraron que están estudiando la resolución, para determinar si la medida oficial está a tono con la ley o si existe algún argumento que les permita exigir que se mantenga la vigilancia.