Los motivos que provocaron que el helicóptero se precipitara a tierra en Valle Fértil siguen sin conocerse, a pesar de que ya pasó un año. La Justicia Federal abrió de inmediato una causa penal para averiguar qué pasó, pero parece estar atada de pies y manos porque no consigue contar con las pericias que ordenó realizar en el lugar del siniestro. El trabajo estuvo a cargo de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) y de acuerdo a lo que dijeron fuentes judiciales, ese organismo no ha enviado los resultados y el proceso quedó estancado.
Las pericias son fundamentales, porque se trata de un caso complejo por el tecnicismo que supone el funcionamiento de una aeronave. Sin las conclusiones de los técnicos, en la Justicia aseguran que será muy difícil determinar por qué razón, en cuestión de instantes, el helicóptero que piloteaba Aníbal Touris se vino abajo e impactó con una línea eléctrica. Eso, permitiría saber si se trató de una falla mecánica, un error humano o si alguna contingencia climática jugó una mala pasada.
La JIAAC, que depende del Ministerio del Interior y Transporte que dirige Florencio Randazzo, interviene porque es el organismo nacional que se encarga de dilucidar las causas de los siniestros aéreos en cualquier parte del país. Los técnicos llegaron a San Juan a las pocas horas de la caída del Bell Textron Helicopter (modelo 407), con ayuda de la Policía vallista cercaron la zona del desastre para preservar toda la evidencia y tomaron pericias del aparato y de todos los elementos que permitan echar luz sobre la tragedia. En ese momento, uno de los miembros de la comitiva que habló con este diario estimó que a los 3 días iban a tener un informe preliminar y que en 1 mes estaría listo el definitivo.
Sin embargo, a pesar de que la salud del gobernador y los diputados nacionales que viajaban en la aeronave es una cuestión de Estado, ya pasaron 12 meses y el informe no está listo. El juez Leopoldo Rago Gallo le envió un oficio a la JIAAC pidiéndole que remita las conclusiones de la investigación y, según apuntaron las fuentes, desde el organismo contestaron que no tienen ningún plazo impuesto y que apenas concluyan el informe, lo mandarán al juzgado.
Tres de los que sufrieron las consecuencias del accidente en carne propia ya declararon como testigos. Primero le tocó al titular de la Unidad Gobernación, Héctor Pérez; y después fue el turno del gobernador José Luis Gioja y el diputado nacional Daniel Tomas. Los dos últimos, por el cargo que ostentan, pueden hacerlo por escrito y prefirieron usar esa opción, aseguraron las fuentes.
Antes, Rago Gallo le tomó testimonial a un chico y su padre que estuvieron en el lugar y presenciaron el horror, al intendente de Valle Fértil, Francisco Elizondo, y a la jefa de enfermeras del nosocomio vallisto. Y no se descarta que existan más testimoniales.
Por ahora, la causa no es contra nadie en particular. Pero quien está en la mira es Touris, que aún no ha sido llamado a declarar. Los hijos de la única fallecida, la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol, se constituyeron como parte querellante en el proceso y le pidieron al juez que instruye el caso que lo indague. Antes, Rago Gallo quiere tener en sus manos las pericias para contar con elementos que le permitan descifrar si el piloto es el presunto responsable y en qué carácter lo hará comparecer.
Los familiares de Margarita, como querellantes, pueden solicitar medidas en la causa e impulsarla. Oportunamente, a través de su abogado, Carlos Ortiz, dijeron que "lo único que quieren es saber la verdad" de lo que sucedió en aquella siesta trágica.