El 11 de marzo de 2008, Ana María López, por entonces directora de Defensa al Consumidor, recibía un castigo de 4 meses de prisión por haber injuriado a Guillermo De Sanctis cuando éste estuvo a punto de asumir en el Ministerio de Educación. El juicio fue inédito porque no se registraban antecedentes de que dos funcionarios del mismo equipo político (en este caso, de la gestión giojista) estuvieran enfrentados por una querella y uno de ellos terminara condenado a cumplir una pena de prisión, aunque no de manera efectiva.
La actual intendenta de Rivadavia apeló el fallo que dispuso el juez Eduardo Gil, del Segundo Juzgado Correccional, hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. En el medio de ese camino, la figura de calumnias e injurias fue modificada y se eliminó las penas de prisión, por lo que el máximo tribunal envió de vuelta el expediente al juzgado local para que se analizara si las declaraciones de la exsindicalista contra De Sanctis, en 2006, seguían constituyendo un delito. El magistrado entendió que sí y cambió la sanción de prisión por una multa de 7 mil pesos. El expediente regresó a la Corte Suprema, pero con el paso del tiempo y como no había sentencia firme por las apelaciones, la causa terminó prescribiendo, indicaron fuentes judiciales. En la práctica, la acción penal se extinguió.
La condena a Ana María se remonta a septiembre del 2006, cuando De Sanctis fue elegido por José Luis Gioja para ser ministro de Educación. Con una larga historia de desencuentros entre ambos, la por entonces secretaria General de UDAP salió a arremeter verbalmente contra el funcionario y lo tildó públicamente por los medios de comunicación, entre otras cosas, de no tener autoridad moral y no ser capaz para ocupar el cargo. Días después, el asesor giojista decidió no asumir en el puesto. Sin embargo, la denunció por el delito de injurias y aquel 11 de marzo de 2008, con Ana María como directora de Defensa al Consumidor, llegó el veredicto condenatorio (foto). En ese momento, en el entorno giojista no se habló de consecuencias políticas tras el juicio ya que sólo se circunscribió a la relación entre dos funcionarios que dirimieron sus diferencias en instancia judicial. Tal es así que De Sanctis es el actual fiscal de Estado y la exgremialista es intendenta de Rivadavia.
Si bien la causa penal está prescripta, De Sanctis aun mantiene una demanda civil contra Ana María, cuyo caso está en la Corte de Justicia local.