Mientras la Justicia Federal avanza en la causa que se sustancia en San Juan por el escándalo de facturas truchas y borrado de deuda de grandes contribuyentes, el director nacional de la AFIP, Carlos Abad, mandó a San Juan al subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior. Jaime Mecikovsky estuvo el martes en la delegación local, averiguó de la situación y bajó líneas para profundizar y darle celeridad a la investigación interna, de manera que sirva para aportar elementos al proceso judicial. Un equipo de especialistas de Córdoba y Buenos Aires vendrá para hacer una nueva auditoría que determine la real envergadura del perjuicio y si hay más implicados.
La visita se manejó con el más absoluto hermetismo, al punto que la presencia del funcionario nacional trascendió recién cuando abandonó San Juan. Si bien no es algo habitual que una alta autoridad baje a las provincias, en el organismo esperaban que se diera de un momento a otro por el tamaño del escándalo y la existencia de nexos internos que ayudaron a consumar las maniobras delictivas. Es que no solamente hay implicados operadores externos que montaron el aparato de vender facturas truchas y borrar deudas, además de importantes empresarios que gozaban de esos beneficios, sino también empleados infieles de la AFIP que supuestamente fueron una pata clave de la asociación ilícita que está investigando el juez federal Leopoldo Rago Gallo.
Por ahora, hay tres agentes del ente recaudador local detenidos como sospechosos de manipular el sistema informático y eliminar jugosos montos que le debían a la AFIP distintas empresas. Aparentemente cambiaban la fecha de inicio de actividades del contribuyente, de manera de hacer creer que se había inscripto mucho después. Así, las obligaciones impagas de los años anteriores desaparecían del registro.
Las sospechas recaen sobre los trabajadores Adrián Collado, Rubén Darío Falcón y Manuel Francisco Montivero Miranda, que además es la máxima autoridad en San Juan del gremio que nuclea a los empleados de la AFIP. La Justicia intenta determinar cuál fue el rol que cumplió cada uno y no se descarta que en los próximos días existan nuevas detenciones de personas que se desempeñan en el organismo.
Fuentes calificadas contaron que Mecikovsky se tomó tiempo para averiguar en persona detalles finos de la situación y bajó una orden: aceitar y acelerar el trabajo de investigación interna, para responder de inmediato a los requerimientos que pueda hacer Rago Gallo para esclarecer el caso. La AFIP es la que denunció los ilícitos y se constituyó como parte querellante, porque lo que además busca es agregar pruebas sobre el accionar de sus propios empleados, cómo se articuló la cadena de engaños que derivó en la megaevasión y el monto preciso.
La delegación sanjuanina del organismo ya viene revisando todos los pasos que dio la presunta red delictiva. Pero al haber personal de la provincia en la mira, la cúpula nacional quiere ir más allá y garantizarse imparcialidad. Por eso, dispuso que peritos de las sedes de Córdoba y Buenos Aires se instalen en San Juan y hagan una minuciosa auditoría informática y contable que podría sacar nuevos detalles a la luz.
Los presuntos cabecillas de la asociación ilícita son Eduardo Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari. Personas vinculadas a la causa dicen que son los que organizaron el sistema de evasión, fueron los primeros en caer presos y se abstuvieron de declarar.