El control preventivo del gasto público está en manos de la Contaduría General de la provincia, puesto que viene ocupando Rafael Herrera desde 1994. No obstante, la gestión uñaquista sancionó el año pasado la ley de Administración Financiera, la que creó la figura de la Sindicatura General, cuyo titular, en la práctica, absorberá las funciones principales de la Contaduría en cuanto al chequeo de las erogaciones del Estado, que se quedará con la registración contable, por ejemplo. Dicha norma se está poniendo en práctica por etapas y la designación del síndico será clave, lo que abre expectativas, ya que lo tienen en la mira tanto el actual como el futuro oficialismo, por lo que se verá si su nombramiento se produce en el actual Gobierno o en el de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC). Otro punto que pondrá a prueba la transición.
De acuerdo a la ley 2476 I, de Administración Financiera, el síndico General es seleccionado por "concurso público y abierto de antecedentes. Es designado por el Poder Ejecutivo, con rango de secretario de Estado", y puede ser removido por el Gobierno "por acto fundado". Y su nombramiento debe contar con el "acuerdo de la Cámara de Diputados". Entre sus funciones se encuentran "ejercer el control interno de la actividad administrativa financiera" y "formular observación legal contra los actos administrativos dictados en contravención a la legislación vigente". Es decir, una tarea clave, sumado a que bajo su órbita estarán el cuerpo de fiscalizadores y auditores.
El tema de los organismos de control ha cobrado relevancia debido a que, en uno de ellos, se ha producido la renuncia de su presidente. Se trata del Tribunal de Cuentas, que es el encargado del control posterior del gasto público, es decir, luego de su ejecución, por parte de reparticiones del Ejecutivo, empresas del Estado y municipios. Su aún titular, Isaac Abecasis, presentó su dimisión para jubilarse y el escrito ya está en poder de la Cámara de Diputados, la que debe aceptar su renuncia. Así, el Gobernador debe proponer un reemplazante, el que es designado por la Legislatura. En ese caso, el nombramiento también saltó a la palestra porque el vicegobernador electo, Fabián Martín, había dicho en Radio Sarmiento que no quería que en ese lugar, al igual que en 14 cargos del Poder Judicial, desembarcaran actual funcionarios y militantes.
La otra pata en el control del gasto público es la que se hace previamente, en la que se verifica que no se incumpla con las normativas de contratación, por ejemplo. Tal tarea está hoy en poder de la Contaduría, pero, de acuerdo a la ley de Administración Financiera, pasará a manos de la Sindicatura. Actualmente, el contador General es Herrera, quien fue nombrado durante el gobierno de Juan Carlos Rojas. El acceso a ese puesto tiene algunas diferencias con la del síndico, mientras que la remoción es totalmente distinta. De acuerdo a la Constitución, el contador es designado por la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo, y permanece en su cargo mientras dure su buena conducta, por lo que sólo puede ser desplazado a través de un juicio encabezado por el Jurado de Enjuiciamiento.
Herrera le manifestó a este medio que su intención es seguir en el nuevo gobierno (Ver aparte). El otro cargo cuya designación y remoción es igual al del contador es el del Tesorero General, el que viene siendo ocupado por Mario Fernández.
El contador General apunta a continuar
Ante la asunción de la gestión de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), el contador General de la provincia, Rafael Herrera, manifestó que su idea es continuar. "No hay una expectativa diferente. Trabajo como lo hago con todos los gobiernos. Lo mío es técnico, no cuestiono decisiones políticas, sólo controlo que el gasto se ajuste a las normas", destacó. El funcionario fue designado en 1994, durante la administración del peronista Juan Carlos Rojas. Tiene 64 años y, ante la consulta de si planea jubilarse el año que viene, indicó que "no lo podría decir. ¿Qué podemos planificar en nuestro país?" De acuerdo a la Constitución, puede continuar en el puesto mientras dure su buena conducta y, si no deja el cargo por medio de una renuncia, sólo es removido a través de un juicio por el Jurado de Enjuiciamiento. El lugar es clave, por lo menos, hasta la puesta en marcha del síndico General.