Las situaciones se fueron dando repetidamente hasta que no pudieron escapar a la atención de las autoridades del PAMI en San Juan. Una administrativa presentó 36 certificados médicos en un plazo de 13 meses, por lo que, al revisar el caso, en el organismo nacional comprobaron que los permisos eran truchos y que hizo toda esa movida para no ir a trabajar, dijeron fuentes calificadas. Por eso, la obra social de los jubilados decidió despedir con justa causa a la mujer y, además, denunciarla en la Justicia Federal por el uso de un documento falso, fraude y ocasionar un perjuicio a la entidad de 218.672,72 pesos. De ser encontrada culpable, la exempleada puede ser condenada de dos a seis años de prisión.

El caso salió a la luz esta semana luego de que el fiscal federal Francisco Maldonado solicitara que se llame a declaración testimonial al médico a quien la mujer le habría adulterado sus firmas y sellos. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el personal del PAMI que descubrió el ilícito cuente lo ocurrido y que el juez Leopoldo Rago Gallo llame a indagatoria a la mujer y a cualquier otra persona que pudo haber sido partícipe del hecho. 

Quien está en la mira es Diana Myriam Martínez y su caso es similar al que ocurrió con una empleada administrativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que también utilizó un certificado médico apócrifo para ausentarse de su trabajo. En este caso, la mujer usó el documento para viajar a Chile y su caso también llegó a la Justicia por defraudación a la administración pública (Ver recuadro). 

La denuncia contra Martínez la hizo el titular del PAMI nacional, Sergio Cassinotti, ante la Fiscalía Federal. En su escrito, el director apuntó que en el organismo se detectaron "graves hechos ilícitos" enmarcados en la defraudación contra la entidad. Según el sumario que se llevó adelante, la mujer utilizó 36 certificados médicos truchos con los que "pretendió engañar al instituto". 

Las fuentes apuntaron que Martínez se desempeñaba como empleada administrativa en el edificio de calle Córdoba y Mendoza, en diagonal a la sede central, y que los documentos en cuestión se utilizaron entre enero de 2016 y febrero de 2017. La mujer presentó certificados todos los meses, en algunos una vez y en otros hasta cinco veces en un mismo período de 30 días. 

Además, según las fuentes, quedó en evidencia que Martínez tenía un patrón para ausentarse de su trabajo. Por las fechas de los certificados, casi la mitad de las ausencias fueron un lunes y, en al menos cuatro casos, comenzaba el viernes anterior. Esto quiere decir que la mujer se tomó al menos cuatro "fines de semana largos" en un año. 

La situación, además, tiene un agravante, ya que, a través del sumario, PAMI determinó que al parecer la mujer falsificó todos los certificados. Según la denuncia, el médico que aparece avalando cada uno de los escritos no reconoció ninguno de los papeles membretados, ni su sello y tampoco la firma que había quedado estampada. Es más, la obra social llevó adelante una pericia caligráfica en la que determinó que "la totalidad de las firmas cuestionadas y adjudicadas al profesional no se corresponden con su puño y letra".

La movida de la entidad nacional para investigar y denunciar el hecho refleja una dura posición contra aquellos empleados que buscan sacar un provecho directo de un trabajo estatal bien remunerado. En este caso, se trataría de la presentación de una catarata de certificados médicos para no ir a cumplir con sus tareas.

Delitos

PAMI apuntó contra la mujer por dos delitos graves: defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documento público adulterado o falso. Si la mujer no falsificó los documentos, pero los usó, puede ser considerado como que fue ella la que los confeccionó. La pena máxima alcanza los seis años de prisión.

Perjuicio

218 son los miles de pesos de daño patrimonial que la mujer le habría ocasionado a la obra social de los jubilados por haberse ausentado tantos días.

Falsificación

3 son los ítems que están en la mira de la adulteración: el papel membretado del médico, el sello y la firma en cada unos de los 36 certificados.

Falsificó un permiso y se fue a Chile

En 2017, una empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pidió licencia por tres días por una enfermedad hepática, pero en su puesto de trabajo detectaron que el certificado médico era trucho. Es más, corroboraron que en los días que se ausentó por el tema de salud se encontraba en Chile, cuando el diagnóstico indicaba que tenía que hacer reposo. La mujer es investigada por fraude en perjuicio de la administración pública y por adulterar un documento para un beneficio personal. Por el delito, podría recibir una pena de hasta 6 años de prisión por estafar a un organismo de la administración pública.