Decisión. El juez Rago Gallo encabezó la audiencia en la que representantes de la minera Los Pelambres presentaron el plan de retiro. También participaron el fiscal federal, autoridades del Ministerio de Minería y de Ambiente de la Nación.

Las 40 millones de toneladas de escombros que la minera Los Pelambres sacó de su yacimiento en Chile y tiró en el lado de la cordillera sanjuanina van camino a ser trasladadas a su lugar de origen. El juez federal Leopoldo Rago Gallo aprobó el plan de retiro que había presentado la empresa, por lo que esta contará con un plazo de cinco años y medio, con uno más de prórroga en caso de que sea necesario ante contingencias climáticas. El magistrado además ordenó que las tareas comiencen el 15 de este mes, tal cual había solicitado la gestión uñaquista. Además, en la resolución se dispuso que la compañía deberá instalar cámaras para seguir en tiempo real las obras y una serie de acciones preventivas y de control para evitar impactos ambientales en el transcurso de la extracción, revelaron fuentes calificadas.

La resolución del juez es fundamental, ya que marca el inicio del fin de un conflicto que se desató en 2014 y que estuvo envuelto desde entonces en la disputa judicial. La misma se destrabó luego de que el juez, por pedido de Fiscalía de Estado de la provincia y el fiscal federal Francisco Maldonado, dispusiera una medida cautelar para que Los Pelambres sacara la escombrera, con la confección previa de un plan, el cual fue revisado por peritos del Ministerio de Minería y los designados oficialmente. Será la primera vez en la historia de la actividad que se trasladará una escombrera de un lugar a otro, dado que la que se armó en territorio calingastino se había construido sin ninguna autorización argentina.

Según trascendió, Rago Gallo consideró adecuado el esquema de cinco años y medio, más uno de prórroga ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el trabajo de alta montaña, como accidentes. En su planteo, la provincia apuntó a un retiro de cinco años en total. Eso sí, Los Pelambres deberá comunicar al magistrado todo tipo de contingencia que pudiera poner en riesgo la continuidad y el desarrollo del plan. Como el inicio será el 15, el juez le indicó a la minera que deberá conseguir rápida y urgentemente las autorizaciones para poder operar. De hecho, Patricio Enei, vicepresidente Legal de la empresa, había manifestado en la audiencia de presentación del plan que ya se encontraban gestionando dichos trámites.

De acuerdo a las fuentes, el magistrado dispuso una serie de medidas que deberá cumplir la compañía, muchas de ellas solicitadas por Minería. Así, se encuentra la instalación de cámaras de control en la escombrera para seguir en tiempo real las obras, tal como se implementó, por disposición de la gestión uñaquista, en la mina iglesiana Veladero luego de un derrame de solución cianurada y dos incidentes. Los Pelambres deberá realizar monitoreos sobre calidad de aguas de las lagunas cercanas a los residuos y del río Carnicería (afluente del San Juan), durante la construcción de las obras preventivas, el retiro y luego de que se lleve a cabo la tarea. Para ello, deberá hacer pozos de control de agua superficial y subterránea.

En la causa penal hay tres exgerentes y un CEO de Los Pelambres imputados por contaminación y usurpación de agua y suelo.


Además, como la escombrera afectó lagunas cordilleranas, la compañía deberá realizar una tarea de recomposición de las mismas. También hubo degradación de vegas (terreno húmedo), por lo que tendrá que armar un plan de reimplantación para que se recomponga la zona del ecosistema. Una pericia encargada por Rago Gallo había indicado que se habían contaminado lagunas y que la escombrera es un potencial foco de drenaje ácido, entre otros puntos. Tras el informe, el Gobierno incluso aceleró las tratativas con Cancillería para solucionar el conflicto.