La movida nacional que organizaciones piqueteras llevaron adelante para reclamar "Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza", derivó en escándalo en San Juan. A través de un audio que circuló por las redes sociales, Emilio Farías, de la agrupación 17 de Noviembre, amenazó a quienes reciben planes sociales con "suspender el pago" del beneficio a todos aquellos que no asistieran a la marcha. La movilización se inició en la Plaza Aberastain, en Capital, y tuvo concentración en la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre calle 9 de Julio casi General Acha. En contacto con el programa Demasiada Información, de LV5, Farías reconoció el audio y no negó haber amenazado a quienes integran su agrupación para movilizarse y generar caos por el microcentro sanjuanino. Alertada, la titular local del Centro de Referencia (CDR) de la cartera social nacional, Romina Albarracín, confirmó que denunciará a Farías y a la agrupación ante la sede central, por lo que no descartó que pueda recibir "sanciones" que impliquen la baja el manejo de beneficios.

La situación de Farías blanquea el mecanismo de aprietes que utilizan distintas organizaciones sociales para manejar un gran número de planes asistenciales que tienen por objetivo dar una ayuda monetaria a quienes más lo necesitan. A cambio del aporte, quienes son parte del programa, deben llevar adelante prestaciones que apunten a la formación laboral y certificación de competencias para lograr una "inclusión social plena". Según indicó el propio dirigente social, ayer buscó sumar más planes al programa Potenciar Trabajo, que a partir de este mes apostará 22.770 pesos a cada beneficiario. Farías sostuvo que dentro de la organización hay poco más de 200 plantes, por lo que por mes acumula unos 4.500.000 pesos.

No es la primera vez que este tipo de irregularidades sale a la luz. El antecedente más próximo es el de Abel Peralta, dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que en agosto del año pasado estuvo en la mira por los delitos de coacción agravada, tentativa de extorsión, atentado contra el orden público y privación ilegítima de la libertad (ver Dirigente del...). Fuentes calificadas indicaron que, para el caso de ayer, por el momento no hay una denuncia ni provincial ni federal. Además dijeron que, en principio, a diferencia de Peralta, el titular de la organización 17 de Noviembre buscó generar "número" para percibir más planes y no hubo una amenaza directa contra alguna autoridad. Por otro lado, la titular de la sede local del ministerio de Desarrollo Social de la Nación dijo que "si algún beneficiario se ha visto amenazado, debe hacer la denuncia", llevando tranquilidad al indicar que "nadie va a perder el plan por eso".

Además, Albarracín indicó que ayer envió la información "alertando" a las autoridades nacionales, quien puede aplicar sanciones, las que pueden ir desde un llamado de atención a dar de baja a la organización como Unidad de Gestión "lo que no implica que beneficiarios pierdan los planes".

Farías había indicado en el audio que "los que cobran tienen la obligación de ir a las marchas". Además, amenazó a que "si no van, le voy a poner rojo y después se va a hacer la disminución del programa y le vamos a suspender el pago por incumplimiento con la organización. Ustedes sabrán".

Emilio Farias
“La movida se hace para ganar cupo. Si movilizamos 500 a 600 personas, ese cupo que vamos a tener para después repartir. El que no vaya mañana está fuera de combate”.

Fondos nacionales
22,7 Son los miles de pesos que Nación destina para cada uno de los planes sociales del programa Potenciar Trabajo. En septiembre la cifra alcanzará los 23.925 pesos.

Dirigente del MTR, con restricción

"Prohibición de acercamiento y merodeo a la municipalidad de 9 de Julio y a sus autoridades, como así también la prohibición de realizar actos molestos y turbatorios por el término de un año". Esa fue la decisión que dictó el juez de Garantías Diego Sanz, contra el dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Abel Peralta, luego de que fuera denunciado por las autoridades comunales. Según la acusación, Peralta amenazó a los miembros de la agrupación con perder sus planes sociales nacionales si no asistían a una marcha en el edificio comunal y de, presuntamente, "apretar" a funcionarios para conseguir módulos alimentarios. El fiscal de la causa, Iván Grassi, le imputó al dirigente los delitos de coacción agravada, tentativa de extorsión, atentado contra el orden público y privación ilegítima de la libertad. Además de la prohibición de realizar movilizaciones, al referente social se le impuso la obligación de presentarse una vez por semana a la Comisaría 31 de Las Chacritas, sumado a la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial. El dirigente había reconocido que "si no salimos a la calle, no obtenemos nada. Todo lo que conseguimos, lo obtenemos en la lucha a través de la calle".