La Cámara de Diputados resolvió ayer aprobar por unanimidad la adhesión a la ley nacional de ART. La medida es en respuesta a una solicitud del Gobierno macrista, que entiende que con el apoyo de las provincias y la reglamentación de la ley, se eliminará la industria del juicio laboral que representa en todo el país 5.000 millones de dólares.
La iniciativa surgió de la diputada basualdista Susana Laciar, que recibió el apoyo del oficialismo en comisión, ya que también venía trabajando en una propuesta.
La ley establece como obligatorio que una demanda por un accidente de trabajo se inicie primero en la comisión médica de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, recién se puede iniciar un juicio. En provincias que ya funciona, como Córdoba, ha ayudado a bajar la litigiosidad en un 97 por ciento.