La provincia tuvo otro fallo a favor en la emblemática causa por la expropiación de más de 800 mil hectáreas de la Reserva de San Guillermo, la cual data de diciembre de 1988. La Sala IV de la Cámara Civil rechazó la demanda que inició un privado para que San Juan le pague por los terrenos. La que promovió la acción judicial hace unos 30 años fue la familia Biset, que entendía que el Estado había tomado posesión de la zona, cosa que no quedó demostrado según consta en el expediente. La resolución es clave, ya que se trata de más de 50 millones de pesos en juego que la provincia debería haber desembolsado con una sentencia desfavorable, indicaron las fuentes. No obstante, los particulares pueden solicitar que la Corte de Justicia revea la medida, pero las fuentes indicaron que ese paso no llegaría a buen puerto. 

La consideración de esta última posición radica en que el máximo tribunal de la provincia emitió en diciembre de 2016 un fallo con el que revocó la resolución que había emitido la Sala III de la Cámara Civil, en la que le daba lugar al pedido de expropiación y al reclamo de los montos por parte de los privados. Así, además de dar vuelta la sentencia, la Corte solicitó que el expediente regrese al tribunal de origen para que se dicte una nueva resolución, la cual se dictó el 12 de este mes, pero recién se dio a conocer esta semana. Quien delineó los fundamentos del escrito fue la magistrada María Josefina Nacif, con la adhesión de Juan Jesús Romero y Juan José Victoria. El tribunal concluyó que "no existe ninguna constancia fehaciente que indique que el Estado provincial tomó posesión del bien o que haya dispuesto restricciones al uso de los propietarios", por lo que rechazó el reclamo de los privados para que el Ejecutivo le expropie el terreno. 

Desde sus inicios la causa generó controversia porque se trata de casi 1 millón de hectáreas en el Norte sanjuanino, zona que ha sido declarada reserva provincial en 1972 por contener riquezas tanto mineras como faunísticas e, incluso, es uno de los ámbitos naturales de la vicuña. Además, parte de ese territorio, 162 mil hectáreas, constituyen el Parque Nacional San Guillermo. Esa fracción del predio se desvinculó del reclamo original, ya que su jurisdicción está en manos del Estado nacional.

Lo que llamó la atención en Fiscalía de Estado, que defendió las arcas locales, es que en el dictamen de primera instancia se tomó en cuenta notas periodísticas y la declaración de un guardaparque que cumplió funciones en la reserva entre 1975 y 1985. Con esos argumentos, entre otros, un juez condenó a la provincia a pagar 10.761.600 pesos más un interés del 8 por ciento anual desde 1975 a 2007. 

Según el nuevo fallo, la presencia de personal ambiental no demuestra "actos posesorios de la provincia, sino que corresponde al ejercicio de poder de policía sobre la Reserva". Además, indica que el control no resulta incompatible con la eventual existencia de propietarios. 

Si bien la Cámara de Diputados dictó en 1975 una ley de expropiación sobre el predio, el procedimiento nunca se llevó a cabo y no se tomó posesión del vasto inmueble, por lo que dicho proceso fue declarado "abandonado" por las autoridades locales y dicho mecanismo quedó acreditado en la Justicia. Un hecho clave para reflejar ese punto es que los propietarios, la familia Biset y sus sucesores, pudieron disponer sin inconvenientes del inmueble desde 1981 e, incluso, entablar negociaciones para vender una parte a otros privados.

Terreno

981 mil hectáreas en juego en San Guillermo. De ese total, 162.470 son de jurisdicción nacional y corresponden al parque, por lo que están en manos del Estado nacional.