Como consecuencia de una medida dictada por el juez Pablo Oritja, será el Poder Judicial y no el Ejecutivo el que decida cuándo podrá funcionar de nuevo Veladero. La mina está parada por disposición del gobernador Sergio Uñac tras el derrame del 8 de septiembre, pero el magistrado hizo lugar ayer a un pedido del fiscal que va en ese mismo sentido y eso implica que ahora son ellos los únicos facultados a autorizar que la empresa Barrick retome las actividades en alta montaña siempre que cumpla con las obras de seguridad que le exigen. En su resolución, el juez también ordenó hacer una inspección ocular en el yacimiento y secuestrar el listado del personal que estaba a cargo al momento de producirse el siniestro que desató la investigación. En tanto, anoche se conoció de fuentes del sector empresario que, a raíz de este nuevo episodio, el gobernador Uñac decidió remover a los secretarios Técnico y de Gestión Ambiental y Control Minero, modificación que se oficializará hoy (ver aparte).
La responsabilidad de evaluar y decidir si Veladero está en condiciones de volver a operar era hasta ayer del Gobernador, porque fue él quien dispuso la paralización que estaba vigente. Sin embargo, al ser ahora obra de una orden judicial, esa responsabilidad pasó a ser de la Justicia.
El proceso está en trámite en la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca a Jáchal e Iglesia, porque el emprendimiento donde sucedieron los hechos está en el segundo departamento. En ese contexto, entre una pila de medidas, el fiscal Sohar Aballay le había pedido el miércoles al juez que dicte una cautelar para paralizar los trabajos en la mina hasta que Barrick ejecute una serie de obras que hagan desaparecer el eventual peligro de contaminación y el riesgo para la salud y el medio ambiente.
Como condición para que la compañía obtenga el aval para reiniciar los trabajos, Oritja replicó la solicitud del fiscal y le impuso la obligación de cumplir con las medidas de seguridad que determinó el Ministerio de Minería. Debe levantar las bermas en siete puntos críticos del valle de lixiviación (allí es donde se lleva a cabo el proceso de separación del oro de la roca), construir un talud para canalizar líquidos en caso de roturas de cañerías, reparar membranas de contención deterioradas, verificar las conexiones en tuberías, limpiar los canales de descarga norte y sur y mejorar el mantenimiento del camino perimetral del valle para facilitar su revisión.
Una vez que ejecute esas obras, la empresa tiene que presentar un informe y la Justicia lo constatará en el emprendimiento mismo. Una comitiva de expertos subirá para revisar los trabajos y en base a los resultados, el fiscal opinará si hay que reabrir la mina y el juez tomará la decisión final.
Independientemente de que el yacimiento se reactive o no, la investigación judicial intenta esclarecer lo que pasó el día 8. Es decir, por qué se rompió la cañería que liberó la solución cianurada (las primeras pericias hechas por Minería revelen que no llegó a ningún cauce de agua) si hubo contaminación y los responsables.
Oritja mandó a desplegar un cúmulo de acciones con ese objetivo. Ordenó allanar Veladero el próximo lunes para obtener los nombres de las personas responsables de la mina el día del suceso, el manual de funciones y toda la documentación referida al incidente, además de hacer en el lugar una inspección ocular y una pericia sobre la cañería.