En el fuego cruzado de denuncias en Rawson entre la gestión del intendente Juan Carlos Gioja y la anterior administración ibarrista, el resultado ha sido dispar. En la presentación que hizo el actual fiscal municipal, Juan José Victoria, en representación del Ejecutivo municipal, contra el período en el que estuvieron Mauricio Ibarra y Juan Carlos Rojas, un fiscal de instrucción tuvo la presunción de que hubo estafa, pidió que se abra la investigación y ya se tomaron las primeras testimoniales. La sospecha apunta a que no se sabe qué funciones cumplía un grupo de becarios y si efectivamente trabajaban, quienes a la hora de cobrar lo hacían puntualmente. Mientras tanto, en la acusación que realizaron los concejales ibarristas en la Justicia contra el jefe comunal por la supuesta designación irregular de Victoria, el Ministerio Público entiende que no hay delito y solicitó que pase a archivo.
Las denuncias judiciales son un apéndice más del enfrentamiento entre el ibarrismo y el giojismo en un distrito clave como Rawson. La disputa cobró vigor durante la campaña electoral, en la que ambos bandos se dispararon munición gruesa, y se extendió hasta el final del mandato de Rojas, quien pasó 93 contratados a planta permanente. Pero un grupo de concejales de la tropa de Juan Carlos lograron frenar la designación a través de la vía judicial.
OFENSIVA Y CONTRAGOLPE
En el nuevo round, el primer golpe lo dio el fiscal municipal. Victoria solicitó una auditoría que arrojó dos puntos sobresalientes: el primero, que faltaba documentación que indicara qué tareas y qué horarios cumplían un grupo de becarios, es decir, que no se sabía que hacían o si iban a trabajar. Y el segundo, que habían dudas sobre el control en la contratación de camiones y en la verificación de que el personal de una empresa privada, a cargo del mantenimiento del alumbrado, tuviera el seguro correspondiente. Ante esas presuntas irregularidades, Victoria hizo la denuncia y la Fiscalía de Instrucción Nº4 le pidió al titular del Cuarto Juzgado de Instrucción que investigue la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario, indicaron las fuentes. En el tribunal ya han tomado declaraciones testimoniales y han dispuesto que se envíen oficios a Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas para que este último determine si hay un perjuicio fiscal. El fiscal municipal no apuntó contra nadie en particular sino contra la gestión ibarrista, y en el caso de que la Justicia encuentre a uno o varios responsables, estos no quedarán presos porque el delito más grave investigado (estafa contra la administración pública) tiene penas de hasta 2 años de cárcel y, por lo tanto, es excarcelable.
Una situación distinta sucede con la denuncia que hicieron 3 concejales ibarristas contra el intendente y el mismo Victoria por los delitos de abuso de autoridad. La acusación se centra en que el fiscal municipal no tendría domicilio en Rawson (requisito que exige la Carta Orgánica), por lo que su designación estaría viciada de nulidad y que fue nombrado por ordenanza aprobada por unanimidad. En el municipio señalaron que Victoria está de manera interina.
La fiscal correccional Lilian Ramos consideró que no hay elementos para requerir la investigación y solicitó el archivo de la causa. En base a los antecedentes, cuando un representante del Ministerio Público no pide la instrucción, el juez no suele ir a contramano de esa decisión.