A menudo los números de las estadísticas sufren el defecto de perderse en el flujo informativo cotidiano. Los puntos porcentuales y las tablas quedan reservados para algún ojo especialmente interesado o involucrado en el asunto, en tanto que para el resto del público resultan más atrayentes cuestiones tan elementales -no por ello poco importantes- como la ola de frío y el pronóstico para el fin de semana. Sin embargo, al desempolvar los números oficiales posiblemente pueda encontrarse la punta de una madeja enmarañada que en la vida diaria se embarra con sangre y fuego.

El doloroso episodio ocurrido en la agencia de quiniela el pasado jueves, cuando el propietario se defendió con un arma de fuego ante dos asaltantes, dándole muerte a uno de ellos, obliga a detenerse y mirar el cuadro completo.

DIARIO DE CUYO publicó en su edición del pasado sábado algunos antecedentes de Federico Cordeje (18), el muchacho que entró a la agencia de quiniela resuelto a perpetrar el asalto y terminó tendido sin vida en la calle Juez Ramón Díaz. La reacción de muchos fue: "un delincuente menos". Podría decirse que es el reflejo lógico de una sociedad frustrada ante la obstinada e inentendible negación oficial de la inseguridad.

Pero aquí la misión es ampliar la perspectiva. Entonces surge la necesidad de sacudir el polvo al Censo 2001 para encontrar algunos valores que pueden explicar, en parte, lo que está sucediendo en San Juan. No se trata de ningún mapa del delito o figura semejante, sino de educación.

De un total de 427.334 sanjuaninos mayores de 15 años -según datos oficiales de entonces- el 69,8 por ciento no llegó a terminar la escolaridad secundaria. Habría que descontar los adolescentes de entre 15 y 17 años, debido a que estaban todavía en edad de finalizar sus estudios. Pero no pareciera que fuese a cambiar demasiado el cuadro una vez realizado el descuento.

El dato sigue siendo el mismo: la alarmante deserción escolar. Tal vez resulte irritante subrayar lo obvio, pero lamentablemente sigue siendo necesario. Sin educación, no hay igualdad de oportunidades. Sólo cuando el Estado -que comprende al gobierno y también incluye a la población- sea capaz de revertir estos números vergonzantes, sólo entonces se podrá soñar con una reducción real de delitos cometidos. Tal vez el intento de la Asignación Universal por Hijo rinda frutos en este sentido. Es pronto para afirmarlo.