Buenos Aires, 14 de diciembre.- Tres días después de que el fiscal Fernando Uriarte avalara la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el juez Alfonso se manifestó en el mismo sentido.
La aplicación de es punto se encontraba trabada por la medida cautelar que había presentado el Grupo Clarín, y que la semana pasada había sido extendida por la Cámara en lo Civil y Comercial.
Esa decisión, adoptada por la Sala I de ese cuerpo, motivó el rechazo del oficialismo. Inmediatamente, el Gobierno recurrió a la Corte Suprema de Justicia con un pedido de per saltum para que se revise. Aunque esa solicitud fue denegada por los magistrados, la Casa Rosada, a través de la Jefatura de Gabinete, volvió a insistir mediante un recurso extraordinario.