La Cámara de Diputados aprobará hoy un proyecto de ley para proteger a niños y adolescentes con discapacidad de ataques contra su integridad física, moral y sexual. La propuesta incluye la obligación de las instituciones deportivas, artísticas, sanitarias, institutos de enseñanza y hogares, sean públicas o privadas, de exigir a su personal la documentación que avale que no son un peligro para los chicos. Habrá multas y hasta la clausura de los locales de quienes no cumplan con la norma. Ni en la Justicia y tampoco en la legislación en la provincia recuerdan antecedentes de una iniciativa de este tipo.
La propuesta es para que todas las instituciones, públicas o privadas, que tengan a su cargo niños, adolescentes o personas con discapacidad les exijan a todos los profesionales, ya sea docentes o responsables de otras tareas, una serie de requisitos para demostrar que no representan un peligro de protagonizar ataques sexuales u otros hechos violentos. Entre ellos, un certificado expedido por un psicólogo o médico psiquiatra, que acredite la aptitud psíquica de la persona y donde conste el perfil de personalidad. Se trata de un estudio complejo, que demanda no menos de 4 a 6 sesiones, en las que el profesional puede detectar rasgos, por ejemplo de perversión, o de adicción a las drogas, que no lo hacen recomendable para el puesto. Según fuentes del Colegio de Psicólogos, se estima que este estudio ronda los 700 pesos, pero se puede abonar con obra social.
Además, la persona debe aportar certificado de antecedentes personales, planilla prontuarial expedida por la Policía de San Juan y certificado de reincidencia.
El autor de la iniciativa, el diputado oficialista Cristian Morales, empezó a trabajar en el tema a partir del caso del profesor de karate Osvaldo Arena, condenado por abusos sexuales a sus alumnos. Y hace dos días se conoció el caso de un instructor de básquet sospechado de acosar sexualmente a un chico (ver aparte). Junto con el legislador trabajó un equipo integrado por profesionales de la Dirección de la Niñez, el Colegio de Psicólogos y Patricia Sirera, asesora letrada de Menores.
“Llamamos a las instituciones y a los padres a que se involucren y asuman el compromiso de hacer cumplir esta ley para proteger a los que están más indefensos”, dijo Morales.
Toda la documentación requerida debe ser renovada cada 2 años y en el caso de los incumplidores el proyecto contempla sanciones, para los directivos o responsables de las instituciones, que van desde multas desde 4.000 a 10.000 pesos, hasta la clausura de la institución en caso de no adecuarse a los requisitos de la normativa pasados 90 días desde la aplicación del castigo. Para el personal que trabaje con los chicos, las multas van desde 2.000 a 5.000 pesos e inclusive la inhabilitación para desempeñarse en puestos similares pasados 90 días desde la aplicación del castigo dinerario. Puede ser, por ejemplo, el directivo de una escuela o un docente de la institución, pública o privada. Los padres o encargados de la guarda de los chicos tendrán derecho a solicitar y también verificar ante el organismo de contralor la documentación necesaria para desempeñarse en cada institución. Si se las niegan tienen la opción de sacar al joven de la institución o denunciar la irregularidad para que se apliquen sanciones.
Entre los organismos que abarcará la legislación se encuentran las escuelas e institutos dependientes del Ministerio de Educación, incluidos porteros y preceptores, Hospital de Niños, las áreas de minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano, clubes deportivos, academias artísticas, escuelas de música, institutos de idiomas y computación, jardines maternales, hogares para chicos discapacitados y el personal que trabajan en movilidades de traslado de los chicos.
La autoridad de contralor de la aplicación de la norma será la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia que, entre sus funciones, deberá realizar inspecciones para supervisar el cumplimiento de la legislación, iniciar las acciones necesarias para el cobro de las multas o de las clausuras, según corresponda. También deberá llevar un registro de las instituciones obligadas a cumplir con la ley.