Un militar retirado que prestó servicios en el RIM 22 durante la dictadura militar, Juan Carlos Méndez Casariego, fue excarcelado por disposición de la Cámara Nacional de Casación Penal. El excoronel está acusado de haber tenido participación en dos casos emblemáticos entre los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia como la desaparición de Marie Anne Erize y la muerte de Alberto Carvajal, entre otras causas. La resolución es polémica porque abre la puerta para que, bajo los mismos argumentos, puedan seguir disponiéndose libertades a otros acusados por violaciones a los derechos humanos en San Juan. Desde noviembre de 2010 que no se producía la liberación de detenidos por razones similares.
Entre las cuestiones que tuvieron en cuenta los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, formada por Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Juan Carlos Gamignani, para disponer la liberación, que ya se hizo efectiva, pueden citarse el tiempo transcurrido desde que Méndez Casariego fue apresado, el 15 de agosto de 2011, sin que haya sido enjuiciado. “El imputado lleva más de 4 años con prisión preventiva y el tribunal que interviene ni siquiera se encuentra integrado para la realización del juicio, el cual, por cierto, no se avizora como pronto a celebrarse”, dice textualmente la resolución judicial. También consideraron que “tiene domicilio y residencia conocida, donde fue detenido sin mayor esfuerzo, que tiene dedicación estable y conocida en cuanto es coronel retirado del Ejército Argentino, contando con ingreso económico suficiente para el sustento familiar, que no registra antecedentes judiciales ni otras causas abiertas en su contra”.
La última vez que se produjeron excarcelaciones a acusados de delitos de lesa humanidad en la provincia fue en noviembre de 2010 (ver aparte).
La decisión judicial fue tras un planteo de la defensa del militar retirado, integrada por Rolando Lozano y Franco Montes. Los letrados presentaron un recurso de casación tras una resolución del 30 de julio de 2015 en la que se resolvió no hacer lugar a la excarcelación del imputado, detenido en el Penal de Chimbas.
El temor que existe entre los abogados que litigan en las causas de lesa humanidad y en las organizaciones de derechos humanos es que, el criterio tenido en cuenta para excarcelar a Méndez Casariego, se vaya a hacer extensivo a otros acusados, que podrían fugarse para eludir la acción de la Justicia, máxime cuando se avecina un nuevo juicio de lesa humanidad, que aún no tiene fecha de inicio.
Méndez Casariego está acusado de ser responsable de los delitos de asociación ilícita, tormentos agravados, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado por la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize. Se trata de la modelo que militaba en la agrupación Montoneros y que desapareció de la puerta de una bicicletería en Trinidad en octubre de 1976. También les imputan ser responsables del secuestro y desaparición del exrector de la Universidad Provincial Sarmiento, Juan Carlos Cámpora, quien fue visto por última vez en febrero de 1977. Otro caso que le atribuyen es haber tenido participación en la muerte de Alberto Carvajal, un militante del Partido Comunista que murió en una sesión de torturas en el Penal de Chimbas en agosto de 1977 y que los represores pretendieron simular que se había ahorcado en su celda.
El nombre del excoronel salió a luz durante el último megajuicio por delitos de lesa humanidad, cuando se hizo público que, para blanquear a los detenidos, es decir poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el coronel Juan Baustista Menvielle (ya fallecido), que era el jefe del RIM 22, ordenaba que se hiciera un sumario militar que, al igual que en un sumario policial, registraba las primeras investigaciones logradas sobre la persona. Esos trámites estaban a cargo generalmente de un oficial o suboficial del Ejército, entre ellos Méndez Casariego. Eran los encargados de instruir las causas y lo hacían al lado de las víctimas, que estaban encapuchadas y muchas veces lastimadas, porque habían sido torturadas. Por eso en la Justicia consideran que tuvieron responsabilidad penal en los delitos que se estaban cometiendo.