Una resolución del juez federal Claudio Bonadío, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro 1, quien investiga la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, anuló una medida administrativa que había tomado la Unidad de Información Financiera (UIF) que disponía el congelamiento de bienes y fondos de los represores y de sus familiares. El magistrado dictó la inhibición sólo para los exmilitares y a sus parejas, Marta Noemí Ravasi y Vicenta Vielma Brítez Lescano, por lo que el resto de los parientes, entre ellos sus hijos, quedaron liberados de la restricción.

La decisión del juez fue tomada “a los fines de la consecución de las pesquisas tendientes a su elucidación, y a la aprehensión de los prófugos”, según consta en la resolución judicial. Se refería a que la disposición forma parte de la investigación para dar con los dos prófugos y evitar que se provean de medios para financiar su vida en la clandestinidad.

A diferencia de lo que había dispuesto la UIF, el juez dejó afuera de la inhibición a los hijos de los represores. Entre ellos a Lucas De Marchi, Facundo Cruz De Marchi, Sebastián Olivera Ravasi, Mariano Olivera Ravasi. Javier Pablo Olivera Ravasi y Martín Olivera Ravasi.

Olivera y De Marchi se fugaron el 25 de julio del Hospital Militar Central. Unos días antes, en San Juan habían sido condenados a cumplir duras penas en un histórico juicio que llevó un año y ocho meses de trabajo.

Durante la investigación de la fuga se encontró que había un fideicomiso que al 31 de diciembre del 2010 tenía fondos por un total de 9,5 millones de pesos, al que iban a parar recursos de reclamos contra el Ministerio de Defensa de la Nación.

Por eso la UIF, dirigida por José Sbatella, dispuso en los primeros días de agosto congelar los bienes y recursos de los represores fugados y también de sus entornos familiares, para evitar que los utilizaran para financiarse en la clandestinidad. Pero ahora, una decisión judicial anuló la medida de la UIF, pero no para liberar totalmente la disponibilidad de los bienes y el dinero, sino que se restringió la inhabilitación pero sólo para los represores y sus respectivas parejas.