El revuelo por la doble remuneración del titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Pascual Manchineles, llegó a la Justicia Penal. El intendente de la Capital, Marcelo Lima, denunció el hecho para que un juez diga si el dirigente gremial cometió o no delito, al percibir simultáneamente el sueldo y la jubilación cuando la ley lo prohibe. En la presentación, el jefe comunal asegura que el histórico sindicalista ocultó la incompatibilidad, porque no avisó de su retiro al municipio. El asesor letrado del gremio, Antonino D’Amico, aseguró que fue "un complot" y negó que haya delito porque su amigo pidió la suspensión de su haber previsional.
Aunque sólo lo insinúa, el presunto delito que se pide investigar es fraude contra la administración pública. Conlleva una pena de dos a seis años de prisión y es excarcelable. La denuncia fue presentada ayer y recayó en la Fiscalía de Instrucción de turno, encabezada por María Teresa Ravetti de Ramet. Y es el desencadenante de más de una semana de investigación que hicieron los funcionarios del municipio, para determinar si hay elementos que permitan presumir que el secretario General del SUOEM cometió un delito.
La denuncia no es contra Manchineles directamente, pero sí hace un detallado relato de los hechos que lo involucran. La síntesis es que siguió cobrando el sueldo como empleado de la Capital a pesar de que ya gozaba de su beneficio jubilatorio. Según el escrito de la denuncia, la condición de pasivo del dirigente gremial "le veda el derecho de cobrar o percibir haberes como agente municipal en actividad".
La gestión de Lima aportó un informe oficial. La Anses dice que Manchineles está jubilado desde el 28 de julio de 2009 y que se enteró en noviembre, cuando le depositaron los haberes de ese mes y el retroactivo. Así todo, dice la denuncia, en una afirmación que intenta probar el dolo, no comunicó al municipio para que le dieran de baja como empleado y le dejaran de liquidar el sueldo.
Si bien al sindicalista le salió el retiro en julio, a la hora de marcar la irregularidad, el municipio pone un énfasis especial en los sueldos de noviembre y diciembre 2009 y enero 2010. Esto, porque a partir del penúltimo mes del año pasado ya sabía que le había salido la jubilación y no la comunicó.
La situación de Manchineles, titular de uno de los gremios más combativos de la provincia, salió a la luz hace un par de semanas, cuando en el municipio se supo extraoficialmente que ya estaba jubilado. De ahí empezaron una serie de pasos administrativos, que derivaron en la denuncia de ayer (Ver Cronología).
Manchineles asegura que es inocente y ayer hizo circular una nota en la que insiste que en diciembre pidió la suspensión de la jubilación, porque el sueldo que la Anses tomó como base para calcular su haber no es el que fija el Convenio Colectivo de Trabajo. Además, en esa nota advirtió que cobrar esa remuneración sería incompatible con su sueldo. Sin embargo, la denuncia advierte que el dirigente siguió sin avisar de su retiro y que pedido de suspensión no obliga al municipio a seguir liquidándole haberes, porque ya está jubilado y esa condición "es inalterable".
Si la fiscal pide abrir la investigación, el que adelantó que defenderá a Manchineles es Antonino D’Amico, el asesor letrado del gremio y el que acostumbra a ponerse al frente de las luchas del sindicato. El abogado, que está procesado una causa judicial que le inició la Anses por supuestas irregularidades en su condición de jubilado por incapacidad, aseguró que "todo es mentira, no hay doble cobro, Manchineles pidió la suspensión de su jubilación en diciembre".
Según D’Amico, que negó haber estado en Europa en los últimos días y sí en Mendoza por un problema de salud de una de sus hijas, "es un complot, dónde se ha visto que la Anses deposite y abra una cuenta cuándo él no lo pidió". Por otra parte, aseguró que no hay perjuicio contra el municipio porque Manchineles trabajó esos meses y adelantó que harán "una denuncia penal contra funcionarios" del organismo nacional y que pedirán "juicio político a Lima".