Los cinco ministros que integran la Corte de Justicia (Adriana García Nieto, Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria) se inhibieron y no intervendrán en ningún planteo que surja en la megacausa de las expropiaciones. Es que los magistrados tienen vínculos de amistad con algunos de los imputados o participaron en alguna instancia anterior en el desarrollo del caso. Así, la tramitación del expediente podría sufrir más demoras en el futuro si alguna de las partes recurre al máximo tribunal para definir una queja o ante el fallo que dicte el Tribunal de juicio, cualquiera sea su veredicto. Ante ese escenario, la conformación de la Corte deberá hacerse con jueces subrogantes para resolver los planteos.

La inhibición de los cortistas se suma a una serie de contratiempos que ya ha tenido la megacusa, en la que están involucrados abogados, exjueces y exfuncionarios acusados de integrar una red delictiva que infló el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para quedarse con millonarios fondos de las arcas locales. De hecho, el último traspié se dio a conocer ayer, cuando trascendió que los jueces Alberto Caballero, Carolina Parra y Federico Rodríguez decidieron anular la audiencia en la que se terminó de conformar el Tribunal de juicio, compuesto por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia y Matías Parrón (ver Marcha atrás...).

Quien ya se conocía que no podía participar de la causa es el cortista Guillermo De Sanctis, ya que se desempeñó como fiscal de Estado y, como tal, fue querellante e impulsó la investigación contra los imputados. Incluso, asumió la acusación especial en el juicio por destitución que se llevó adelante contra Carlos Macchi, exjuez Civil, involucrado en la megacausa. La que continuó en la línea de las inhibiciones fue la actual presidente del cuerpo. Según indicó García Nieto, se apartó porque en 2010, cuando la provincia presentó la denuncia, se desempeñaba en el Ejecutivo como subsecretaria General de la Gobernación. En ese rol, firmó expedientes y emitió resoluciones, como los sumarios administrativos internos que derivaron en la denuncia. Además, quien realizó la presentación judicial fue el titular de esa repartición, Walter Lima, hermano fallecido del actual miembro de la Corte, Marcelo Lima, por lo que este último también se excusó.

Los apartamientos de Olivares Yapur y de Victoria surgieron por cuestiones de amistad, motivo contemplado en el Código Procesal Penal. Dicha norma establece que es causal de inhibición "si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados". Según indicó el primero de los ministros, su familia es amiga de Rosalba Marún de Solbelvio, exjueza imputada de ser parte de la red delictiva. De hecho, Olivares Yapur indicó que no está inhibido sólo en la megacausa sino también en todos los expedientes en los que la exmagistrada está o estuviera involucrada. En el caso de Victoria, el juez ha manifestado amistad con Santiago Graffigna, al punto que indicó que, en su época de litigante, compartieron tareas legales. Graffigna es el principal imputado en la causa, dado que está acusado de ser el organizador de la supuesta asociación ilícita.

Sin la posibilidad de que los cortistas intervengan en la megacausa, por cada expediente que llegue al máximo tribunal se deberá llamar a jueces subrogantes. La conformación comenzará con los magistrados camaristas del fuero Penal, Civil o Laboral. Si todos los jueces llegasen a excusarse, la nómina se completará con la lista de conjueces. Estos son abogados litigantes de la matrícula local con más de 10 años de ejercicio profesional.

Parte querellante

Fiscalía de Estado, que hoy conduce Jorge Alvo, es parte querellante en la causa de las expropiaciones, por lo que intervendrá en el juicio en su rol de acusador. También está Rubén Pontoriero.

Acusadores

El fiscal de Cámara, Daniel Galvani, estará acompañado por el fiscal de Flagrancia, Iván Grassi. La designación de este último fue realizada por el titular del Ministerio Público, Eduardo Quattropani.

• Marcha atrás en la causa

Los jueces Alberto Caballero, Carolina Parra y Federico Rodríguez anularon la audiencia en la que se conformó el Tribunal de juicio de la causa de expropiaciones. La decisión se dio porque detectaron que en el sorteo que se llevó adelante para la selección de magistrados sólo se tuvo en cuenta a los de Instrucción y Correccionales, cuando también se debió contemplar a los de Flagrancia, a los penales de Niñez y al de Ejecución Penal. En dicho sorteo salieron Martín Heredia y Matías Parrón, ya que Silvina Rosso de Balanza es la presidenta del Tribunal. Con el error detectado, deberá darse otra elección, cuyos nombres podrán salir de alguno de los nombramientos de camaristas que se darán hoy en la Legislatura. La nulidad también impactó en la sanción económica que la Justicia le impuso a los abogados Cayetano Dara y Edishon Sobelvio, defensores de la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio. La multa fue de 40 mil pesos a cada uno.