Administraciones deficientes, situaciones graves y preocupantes, recursos exiguos, deudas no informadas y, en general, gestiones desordenadas. Seis de los nuevos intendentes que llegaron a sus cargos por haber triunfado en las elecciones de octubre brindaron esas definiciones sobre el estado en el que encontraron los municipios de Angaco, Ullum, Zonda, Santa Lucía, Rivadavia y Rawson.

Los jefes comunales, en general, se quejaron de las deudas y la situación económica y financiera que heredaron de sus predecesores, de cara al arranque de sus períodos de gobierno de cuatro años.

Se trata de departamentos en los que el poder cambió de color político o en los que pasó de manos entre sectores internos enfrentados del peronismo. En cuatro de ellos, el Frente Unión Producción y Trabajo le arrebató las intendencias al justicialismo o, en todo caso, al Frente para la Victoria, que nuclea además, entre otros partidos, al bloquismo. En Santa Lucía, Marcelo Orrego se impuso ante Aníbal Fuentes; José Castro triunfó sobre el bloquista Víctor Fernández en Angaco; en Zonda, César Monla se consagró frente a Teresita Infante, y Daniel Albarracín derrotó a Agapito Gil en Ullum.

En ese marco de transición, o de traspaso de mando, el ahora oficialismo vislumbra un panorama sombrío en las arcas municipales y en las áreas administrativas y contables, según manifestaron.

En el caso de Rivadavia, Ana María López, peronista con su propio partido (el Popular Participativo), obtuvo el lugar tras disputar la interna con el ex intendente y referente oficialista del departamento, Elías Álvarez. Tras vencer en las elecciones primarias, la ex sindicalista venció al basualdista Fabián Martín.

Si bien Ana María lleva el sello del Frente para la Victoria, reemplaza a un dirigente del mismo espacio e indicó que aunque la transición fue ordenada, también aseguró que se encontró con deudas que no le habían informado y que debe regularizar la situación de cientos de trabajadores.

En cuanto a Rawson, era el distrito más preciado por el giojismo, debido a que estaba bajo el dominio de Mauricio Ibarra y su mano derecha, Gustavo Rojas, convertidos en opositores del Gobierno provincial. En ese contexto y durante la transición, Rojas, el ex jefe comunal, sacó un decreto, en base a un acuerdo de paritaria, en el que designó a 94 contratados como planta permanente.

Juan Carlos Gioja señaló que ese movimiento de personal afectaba seriamente las finanzas de su administración y embistió contra la medida. Hubo cartas notariales para detener las designaciones pero fue la resolución de la Justicia la que frenó los nombramientos, que tuvo como sustento un recurso de amparo que presentó un grupo de concejales que responden al hermano del Gobernador. Juan Carlos dijo que en el municipio se topó con los recursos mínimos para enfrentar el normal funcionamiento y desenvolvimiento del engranaje operativo.