Los 5 miembros del Jurado de Enjuiciamiento destituyeron ayer a Carlos Macchi de su cargo de juez Civil Nº 5, ya que consideraron que incurrió en las causales de mala conducta y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por haber cometido severas irregularidades en 5 juicios de expropiaciones que le costaron millones de pesos a la provincia y que terminó beneficiando al abogado Santiago Graffigna. Sin los fueros, el ahora exmagistrado quedó expuesto a ser investigado en la megacausa de las expropiaciones, ya que el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, aseguró que “si el fiscal del caso no actúa de oficio, lo haré yo”, y la herramienta que tiene es la denuncia penal.
El Jury que dejó afuera de la magistratura a Macchi se dio en el marco del escándalo de las expropiaciones (ver cronología). El titular del organismo que defiende el patrimonio público apuntará ahora a que se dilucide si el exjuez formó parte de una red de abogados, empleados y funcionarios que estafaron a la provincia en millones de pesos al inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado.
Por eso, espera que sea investigado en la megacausa penal en la que hay 11 procesados, 10 de ellos sospechados de integrar una asociación ilícita, cuyo presunto organizador es Graffigna. Para que sea sometido al proceso, Macchi debía perder sus fueros y el Jury fue el primer paso. Tanto De Sanctis como el fiscal General subrogante, José Mallea, se mostraron conformes con la resolución del Tribunal. En cambio, Guillermo Toranzo, defensor del exjuez, aseguró que va a recurrir a la Corte de Justicia local, porque dijo que se violó el derecho de defensa en el juicio, debido a que el Tribunal no fue imparcial y que no hizo lugar a ninguno de sus planteos recusatorios. En el caso de obtener un resultado adverso, irá con el mismo planteo a la Suprema Corte de la Nación e inclusive manifestó que acudirá a tribunales internacionales.
El Jurado que juzgó que Macchi no debía seguir siendo juez estuvo integrado por el cortista Ángel Medina Palá (presidente), los diputados Pablo García Nieto y Marcela Monti, y los abogados Pablo Ramella y Carlos Lima. Entre las irregularidades que remarcaron en la sentencia, los 5 coincidieron en que el ahora exmagistrado repotenció de manera arbitraria e ilegítima los montos de las indemnizaciones de 5 juicios de expropiaciones. Los casos por los que se lo acusó fueron “Ruiz, Guillermo”, una esquina de 1.400 m2 por la que el Estado pagó 23 millones de pesos; “Anes, Ramón”, por la que se desembolsaron 12 millones por 9 hectáreas en Cuesta del Viento; “Lobbe de Morón”, las poco más de 5 hectáreas del Parque de Mayo, donde están los estadios, por la que la sentencia alcanzaría los 1.500 millones de pesos; “Yanzón de Graffigna”, las casi 2 hectáreas que se expropiaron para hacer el canal Benavídez y cuya sentencia rondaría los 70 millones; y la causa “Herrería, Gustavo”, una vereda de 124 m2 por la que la provincia fue condenada a pagar 1,8 millones de pesos, según señaló el fiscal de Estado.
El primero en emitir su voto fue el cortista Medina Palá, quien cuestionó que Macchi haya hecho lugar al pedido de Graffigna sobre la readecuación del monto indemnizatorio al aplicar el índice de precios minoristas en todos los expedientes, salvo en el de Anes, lo que está prohibido por la ley de convertibilidad ya que se trata de un mecanismo de indexación. Además, resaltó que el ahora exjuez superpuso, en todos los casos, el cálculo de intereses de la tasa activa a un bien que había sido tasado a valores actuales, lo que en la práctica implica una doble actualización. Esa maniobra llevó los valores hacia las nubes. Inclusive, los encargados de dictar la sentencia señalaron que hubo perjuicio fiscal para la provincia en los casos que se terminaron pagando.
Por otro lado, los integrantes del jurado coincidieron en resaltar como irregularidad el hecho de que dejara de lado la valuación de los terrenos que hacia el Tribunal de Tasaciones, a pesar de que la ley le impone el deber de requerir tal informe. Así, sólo valoró el del perito que presentó Graffigna. Además, los miembros destacaron otra serie de irregularidades (ver claves).
Macchi había sido suspendido de su cargo el 12 de junio pasado hasta que se resolviera su situación. Con la decisión del Tribunal, dejará su cargo y está en la mira del fiscal de Estado, quien analiza presentar la denuncia para sumarlo a la megacausa penal de las expropiaciones.