En el Jury al juez Carlos Macchi, ayer se dio a conocer un informe que revela las cifras desorbitantes de las indemnizaciones que mandó a pagar por 5 terrenos que fueron expropiados por el Estado. Según la pericia de un ingeniero agrimensor de la Universidad Nacional de San Juan, los inmuebles hoy tienen un valor de mercado de 54,7 millones de pesos en total. En cambio, el magistrado dispuso en sus sentencias que la provincia desembolsara cerca de 1.607 millones, alrededor de un 2.800 por ciento más. El informe tuvo como objetivo dar una idea, al Jurado y a las partes, del precio inmobiliario de los terrenos. Por eso, no tuvo en cuenta el cómputo de intereses que sí aplicó Macchi en las causas. Y ese cálculo es el que cuestionan los fiscales acusadores, ya que sostienen que convalidó tasaciones a cifras actuales, a las que le sumó intereses desde décadas atrás, lo que disparó los números a las nubes.
Según explicó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, la Corte Suprema de Justicia estableció que si un bien es tasado a tiempo actual, no corresponde que se agreguen intereses “hacia atrás”. Lo correcto, según destacó, sería que “se lleve a cabo la valuación y se haga el cómputo a tasa activa para adelante, hasta el pago efectivo”. Macchi enfrenta un juicio en el que está en juego su continuidad en el Quinto Civil. Está acusado de haber cometido graves irregularidades en 5 juicios de expropiaciones, en los que condenó al Estado a pagar sumas escandalosas para beneficiar al abogado Santiago Graffigna, quien llevó adelante esos procesos.
Un caso emblemático es Parque de Mayo, que son poco más de 5 hectáreas en las que se encuentran los estadios. De acuerdo al informe de Osvaldo Estevez, titular del departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería, ese inmueble, libre de mejoras, hoy cuesta 50 millones de pesos en el mercado inmobiliario. En cambio, con la sentencia de Macchi, el Estado debía pagar alrededor de 1.500 millones de pesos (incluidos los honorarios de Graffigna). Pese a la resolución, por pedido del Gobierno, la Justicia dictó una medida cautelar para frenar el desembolso de ese y el resto de los casos sospechados. En esta causa, tanto De Sanctis como el fiscal General subrogante, José Mallea, cuestionaron que el juez avalara la tasación a fecha actual (diciembre de 2001) y que a la vez se aplicara un interés del 8 por ciento anual desde la desposesión (1924), más tasa activa e índices de precios que elevaron considerablemente las cifras.
En el informe de Agrimensura, la esquina de calle Matías Zavalla y San José, en Desamparados, que comprende a 1.439 m2, el precio de mercado es de 2 millones de pesos. Es el expediente “Ruiz, Guillermo” que, al igual que el anterior y como en todos los casos, se tasó a valores actuales y se calcularon intereses desde décadas atrás. La sentencia fue de 25 millones de pesos y fue una de las que sí pagó la provincia. La otra fue en el caso “Anes, Ramón”, que se trató de 2 parcelas en Cuesta del Viento, Iglesia, de casi 9 hectáreas, por las que se desembolsó 10 millones de pesos. Según la valuación del perito de la UNSJ, hoy cuestan poco más de 1,2 millones de pesos.
En otra causa, las casi 2 hectáreas que se expropiaron para hacer una parte del canal Benavídez fueron valuadas en poco más de 1,2 millones de pesos por el ingeniero Estevez. En cambio, Macchi condenó al Estado en 70 millones. En el caso “Herrería”, una vereda de 124 m2 en Paula Albarracín de Sarmiento, el informe determinó que el precio de mercado es de 204 mil pesos, mientras que el fallo judicial va por los 2 millones.