La Iglesia sigue con atención el debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos, porque al entender de los obispos católicos se trata de una discusión "coyuntural y mezquina" derivada de una sucesión de hechos de violencia e inseguridad urbana.

"La sola represión o el endurecimiento de las penas no soluciona el problema de la violencia juvenil, antes deben atacarse las causas que la originaron". Tal el argumento que esgrimió uno de los prelados consultados por la agencia de noticias DyN ante las iniciativas para establecer el límite de punibilidad en los 16 años u otras que pretenden llevarlo a los 14 años.

Para la Iglesia la raíz del problema está en el casi millón de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabaja, por eso el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, suele recordar que "la inseguridad no es un tema de imputabilidad sino de exclusión social".

Pero no es el único, como tampoco es nueva la posición de la Iglesia en este tema. Sus miembros ya supieron de encontronazos con referentes del menemismo y más cerca en el tiempo con el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien ahora propicia bajar la edad de punibilidad a los 14 años. En este punto, los obispos están más cerca de la posición del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, o del precandidato a la presidencia por Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas.

Los referentes eclesiásticos consultados por DyN señalaron que el Episcopado aspira a que los responsables políticos encuentren "caminos alternativos" para garantizar todos y cada uno de los derechos humanos, y reclamaron no olvidar que los menores en conflicto con la ley ya están protegidos por una norma que prevé una graduación de medidas que llegan hasta la reclusión como "recurso extremo".

Pese a que reconocieron que es necesario un cambio en materia de seguridad, expresaron "preocupación" frente al planteo de una "opción única" que parece haberse instalado en la sociedad. Particularmente en cuanto al endurecimiento de las sanciones y al abuso de la pena privativa de la libertad.

"No se puede legislar improvisando ni cediendo ante la presión pública. El mundo civilizado ha comprobado que al incremento de las medidas represivas ha sucedido, fatalmente, el incremento de la criminalidad. Las políticas de mano dura nunca resultaron protectivas. Es necesario un estudio serio de las causas de la criminalidad y no recurrir al facilismo de medidas coyunturales cargadas de venganza antes que de racionalidad", advirtió otra fuente citando un documento de la Pastoral Carcelaria.

"Ningún pibe nace chorro", opinó el obispo Jorge Lozano al plantear la problemática desde su esencia misma y desde las consecuencias provocadas por un Estado que asegura "ausente" y que a su entender excluye a niños y adolescentes de la vida digna y de los derechos esenciales.

El prelado cuestionó, en un artículo periodístico reciente, que "nadie haya puesto el grito en el cielo" cuando esta violencia y la miseria le pegaron duro a la infancia, al tiempo que propuso alternativas para alcanzar una mayor seguridad ciudadana. "Si queremos más seguridad busquemos más familia, más comunidad, más escuela, más trabajo. Comprometámonos para erradicar de verdad el tráfico de drogas y de armas, la corrupción que lo favorece, el abuso infantil, la violencia doméstica", sugirió. Mientas se calienta el debate parlamentario, la Iglesia -y hasta los propios legisladores kirchneristas y opositores- esperan precisiones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya adelantó que no quiere que la edad sea el centro de la discusión de una política integral de seguridad, aunque sí estimó "lógico" bajarla.