El futuro del juez de Primera instancia Guillermo Adárvez comenzará a perfilarse esta semana. Su colega Benito Ortiz decidirá entre martes y miércoles si lo indaga por ordenar la falsificación de un documento público. Si define tomarle declaración como imputado, primero debe pedir que se le quiten los fueros y tal cosa se logra a través de un proceso de destitución que lleva adelante el Jurado de Enjuiciamiento.

Las pruebas que salieron a la luz marcan ese camino: dos policías dijeron que el magistrado dio directivas para que una joven pusiera su firma y completara una denuncia que se había radicado un día antes. El tema es de suma gravedad, ya que la acusación fue por una supuesta violación y sólo contenía la rúbrica del padre de la mujer, el abogado bloquista Alfredo Castillo, cuando la ley establece que en ese tipo de delitos es la víctima la que debe poner el sello e instar la causa. Así, la sospecha es que Adárvez habría querido corregir ese error para que las actuaciones siguieran adelante.

El juez Ortiz se viene manejando con absoluto hermetismo en la causa, al punto que sólo trascendió que ya tiene casi lista su resolución y la fecha en la que la dará a conocer. Su contenido lo tiene bajo siete llaves, pero en la práctica tiene dos caminos. Uno es investigar a su colega Adárvez, para lo que debe pedir su desafuero para poder indagarlo si considera que tiene las pruebas para hacerlo. El otro es archivar el caso. Todo se encamina a la primera hipótesis, según las fuentes consultadas.

La causa contra Adárvez, titular del Tercer Juzgado de Instrucción, se desencadenó luego de que el fiscal Roberto Mallea solicitara que se abriera la investigación por la supuesta adulteración de documento público. El que dio la puntada inicial fue el abogado Antonio Falcón, quien radicó la denuncia por la irregularidad. 

El profesional es el defensor de Sebastián Merino, el muchacho que fue acusado de violación por la joven de 37 años, que fue impulsada por Castillo, su padre, a que radicara la denuncia. El juez Adárvez procesó al sospechoso con prisión preventiva por el presunto ataque sexual y ahí se desató la polémica. Falcón contraatacó al señalar que cuando se presentó la denuncia estaba la firma de Castillo y no la de la presunta víctima, y que luego constató que apareció al revisar el expediente en el Tercer Juzgado. Ahí engancharían los testimonios de las policías que trabajan en la Comisaría de la Mujer, a donde acudió el padre con su hija. De acuerdo a lo que declararon, el magistrado dio directivas por teléfono para que recibieran a la joven y que se completara la denuncia con su firma, ya que se había omitido al principio. 

La movida tendría su motivación en lo que cuestionó Carlos Rodríguez, el fiscal del caso por el supuesto ultraje. El representante del Ministerio Público había opinado que todo el proceso contra Merino era nulo, ya que la denuncia debió ser instada por la propia víctima, porque es mayor de edad y pese a que se planteaba que es discapacitada, aún un juez no define con un fallo ese estado y que tenga que ser representada por otro en sus actos. De hecho, la Sala II de la Cámara Penal decidió luego archivar el caso y liberar a Merino porque entendió que debía ser anulado desde la denuncia misma en la Comisaría de la Mujer, donde Castillo figura como denunciante (también su hija) y puso su firma. 

No es lo único que denunció Falcón contra Adárvez. También señaló que el magistrado debió apartarse de la investigación contra Merino porque lo calificó como “íntimo amigo” de Castillo. Por ese vínculo, el abogado sostuvo que hubo “ayuda” en un caso con irregularidades y que se perjudicó a su defendido. Como prueba de ese estrecho lazo, había presentado el acta de casamiento del juez, en el que Castillo fue testigo ante el Registro Civil. Además, había manifestado que ambos compartieron un pasado de militancia bloquista.
 

Proceso

Si el juez Benito Ortiz decide indagar a su colega Guillermo Adárvez, se dispara el mecanismo del Jury de Enjuiciamiento. El primero de los magistrados debe enviar el pedido al Jurado, que está integrado por un miembro de la Corte de Justicia, dos diputados y dos abogados, para que se lleve a cabo el desafuero a través de un proceso de destitución. El Jurado le debe correr vista al implicado para que haga su descargo. Si el planteo avanza, el fiscal General de la Corte de Justicia debe decidir si acusa o no. Si lo hace, se abre el proceso de juicio. Luego se lleva a cabo un juicio oral y público para decidir la suerte del magistrado implicado.