Luego de reunir todas las pruebas, el juez Federal Leopoldo Rago Gallo concluyó que desde el Supermercado Don Pocho se aplicaron sobreprecios de casi 600 mil pesos en la venta de mercaderías a dependencias de Gendarmería Nacional con asiento en Barreal. Por eso, el magistrado decidió procesar a los gerentes del establecimiento, entre los que se encuentra el exdiputado justicialista por Calingasta, Alfredo Amín. La figura que le endilgó es la de fraude contra la administración pública nacional. La resolución además incluyó a su socia, Patricia González, y a otro proveedor de la fuerza de seguridad, Alexis Uliarte Rojo, informaron fuentes judiciales.

La situación había generado revuelo en el escenario político, ya que si bien las supuestas maniobras se dieron entre 2013 y 2014, cuando Amín no era diputado, el caso estalló este año, cuando ya ocupaba su banca. Fue el fiscal Francisco Maldonado quien había pedido su indagatoria, por lo que Rago Gallo solicitó su desafuero a la Legislatura para poder interrogarlo, ya que los legisladores cuentan con inmunidad de proceso. Se trató del primer planteo de ese tipo desde que rige la Constitución de 1986 y la quita del privilegio fue resuelto por unanimidad, en el que el propio Amín votó su desafuero para ponerse a disposición de la Justicia. De hecho, renunció a fines de mayo y la Cámara de Diputados se la aceptó la semana pasada.

De acuerdo a las fuentes, Amín fue procesado por dos razones: por la aplicación de sobreprecios y la no entrega de mercadería al Escuadrón 26 Barreal y al Centro de Formación Félix Manifior, en operaciones efectuadas en 2013 y 2014. Entre ambas maniobras habría cobrado en exceso 582.746 pesos. En conferencia de prensa, el entonces diputado había reconocido que el porcentaje de aumento en la transacción era del "40 o 50 por ciento". En un escrito que presentó ante el juez había indicado que los desembolsos de Gendarmería se demoraban entre siete y nueve meses, que en esa época había una inflación del 47 al 53 por ciento y que Calingasta se encuentra en lo que se denomina zona de frontera, lo que generaba diferencias abultadas de costos.

Las fuentes indicaron que el descargo le resultó "inverosímil" al magistrado y que dichos argumentos no fueron suficientes para justificar los pagos excesivos que le significó al Estado la sobrefacturación. Y en la resolución se indica que si bien se pueden tener en cuenta factores como el costo del flete, la zona de frontera y la modalidad de pago de Gendarmería, las pericias indicaron que la diferencia en algunos productos fue tan grande que la fuerza de seguridad llegó a pagar más del doble.

Con respecto a la mercadería facturada que no se registró en el libro de ingreso, no hay constancias de que haya entrado al Centro de Formación de gendarmes, expresaron las fuentes.

Todo se desencadenó con la denuncia que realizó en 2014 Gendarmería con asiento en Córdoba. Los pagos excesivos saltaron por precios comparativos que tiene la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y las anomalías en las compras surgieron de pericias de una unidad de Gendarmería en Tucumán y de la Policía Federal. Tras la investigación, el segundo comandante Jorge Castro, extitular del área de finanzas del Escuadrón 26, terminó procesado por fraude e incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Y también quedaron implicados Los comerciantes Julio Posleman, Oscar Pastén, Pablo Riquelme, Juan Carlos Tapia, Carlos Samat y Alberto Sosa. Todos los involucrados se encuentran excarcelados.
 

Escala penal
 

En el caso de que los implicados lleguen a juicio y reciban una eventual condena, ni Amín ni el resto de los proveedores corren el riesgo de ir presos, analizaron fuentes judiciales. De acuerdo al Código, la escala penal del delito de fraude contra la administración pública va de dos a seis años de prisión.