Los 11 sospechosos de haber participado en el escándalo de la megacausa de las expropiaciones pueden terminar presos si son hallados culpables en un juicio. Tal cual lo había adelantado DIARIO DE CUYO, la jueza María Inés Rosselot dio ayer un paso vital: procesó a 10 de los involucrados por haber integrado una asociación ilícita que estafó a la provincia en sumas millonarias, mientras que al restante, el exfiscal de Estado, Mario Díaz, le endilgó el delito de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pese a esa diferencia, la magistrada consideró que todos intervinieron en una cuantiosa cantidad de hechos irregulares, lo que elevó la escala penal para cada uno hasta el tope de 50 años previsto para un castigo. La excepción es la exjueza Rosalba Marún, cuya pena máxima llega a 32 años. Con ese margen, si el caso sigue su curso y llega a juicio, un tribunal estará en condiciones de aplicar una condena que implique que vayan a la cárcel, siempre y cuando supere el mínimo previsto, que es de 3 años.

La resolución que dictó Rosselot representa un claro avance de la causa. Es que después de 2 años y medio de investigación tras la denuncia que motorizó la gestión giojista, la Justicia consideró, en primera instancia, que hubo una red conformada por jueces, abogados, funcionarios y empleados públicos que se confabularon para que el Estado pagara cifras millonarias por los terrenos que expropiaba y que valían mucho menos. En una resolución de 380 fojas, la magistrada detalló minuciosamente cómo se pergeñaron y ejecutaron las maniobras, y la responsabilidad de cada uno de los sospechosos. En la mira está el abogado Santiago Graffigna la exmagistrada Rosalba Marún, el exfiscal Díaz, la experito oficial Ana María Melvin, el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Ruiz, y los 6 exmiembros del Tribunal de Tasaciones. A todos les endilgó un abanico de conductas irregulares (ver aparte).

El delito más grave de todos los que están en juego es el de la asociación ilícita, el cual, en el único caso que no contempla la excarcelación es para el jefe u organizador. Ese rol le fue atribuido a Graffigna, que por eso continúa detenido, mientras que el resto sigue en libertad. Sin embargo, salvo a Marún, a todos los incriminaron en 8 estafas consumadas a través de juicios de expropiaciones y 4 tentativas. Por el cúmulo de hechos, que elevan el máximo de la escala penal, quedan en riesgo de recibir una pena efectiva.

De acuerdo a las pericias, la provincia pagó casi 45 millones y medio de pesos en los juicios de expropiaciones conocidos como Esquivel, Margarita; Ruiz, Guillermo; Luna, Ricardo; Anes, Ramón; y Cruz del Castillo, Ernestina. Y el monto de los procesos que aún no se abonaron por una medida cautelar que presentó el Gobierno asciende a 1.086 millones de pesos, en el que se encuentra una porción del Parque de Mayo, el cual se dispuso que se pagara 1.000 millones.

Según la resolución, Graffigna actuó en connivencia con el resto de los actores para sacarle millones al Estado. Así consiguió los expedientes de expropiaciones a través del abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi (fallecido), logró que el Tribunal de Tasaciones y la perito oficial cambiaran de criterio y valuara los terrenos a valores mucho mayor de los normales y que la entonces titular del Primero Civil fallara a su favor en las causas.